De igual manera, el representante institucional de la federación de izquierda ha recordado las dificultades de gestión de la decisión política adoptada y el coste social que ha tenido esta operación inmobiliaria que ha mantenido a las familias afectadas durante años fuera de sus casas, “en un involuntario exilio”.
“El informe del que mañana se dará cuenta a los responsables políticos municipales viene a dejar patente que este ha sido un mal negocio para el interés general, auspiciado por una mala decisión política que en su momento adoptó el gobierno municipal sustentado por el PA y el PP” afirmaba el concejal de Izquierda Unida.
De igual manera, Martínez Fírvida ilustraba sus palabras ante sus compañeros de grupo con el hecho de que las arcas municipales han soportado más de dos millones y medio de euros en pagos, fundamentalmente destinados al abono de los realojos de las familias afectadas; que la diputación provincial ha aportado un millón cien mil euros para el proyecto o que el consistorio ha asumido una deuda de cinco millones y medio de euros para hacer frente a la deuda contraída con la constructora que ejecutó las obras.
“Este equipo de gobierno se ha visto en la obligación de culminar las obras para dar respuesta a las lógicas demandas de los vecinos afectados, a la vez que hemos podido rescatar locales para uso social; son las única buenas noticias en lo que ha sido una antología del disparate de la gestión de la derecha local” sentenciaba el concejal de Izquierda Unida.
Para Izquierda Unida los ciudadanos “deben conocer estas cuentas para que sean capaces de saldarlas con los responsables políticos que las han provocado y que, a su criterio, no son otros que el PA y el PP, cuyas actuaciones dieron lugar a este esperpento inmobiliario”.
