El partido sitúa a la empresa GINSO, gestora de un centro de menores de Madrid hasta 2021, como “tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP”
Granados, supuesto cabecilla de la Púnica, aportó en marzo al juez facturas de unos estudios sobre delincuencia juvenil encargados a una empresa vinculada a Álvaro Renedo que nunca se entregaron
La denuncia incluye a GINSO dentro de una “estructura corrupta mayor” de empresas que aparecen en Púnica, Pujol o Lezo
Un centro de menores, Teresa de Calcuta, como vehículo para la financiación ilegal del PP. Es el entramado que describe Podemos en una denuncia que se presenta este martes ante la Fiscalía Anticorrupción. El partido sitúa el convenio firmado por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en 2006 con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) para la construcción y gestión del centro, donde viven 170 menores con medidas judiciales, como “desencadenante de la colaboración de Alfredo Santos –presidente de GINSO– en la maquinaria de financiación del PP”.
Este acuerdo de colaboración está en vigor hasta 2021 y se firmó por 15 años con un presupuesto de 157 millones de euros. Según Podemos, la entidad sin ánimo de lucro GINSO “sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron”.
Esta nueva línea de investigación sobre la financiación en B del PP se abrió en marzo tras una declaración judicial del exvicepresidente madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica. Granados aportó al juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, facturas “falsas”, según su testimonio, para la elaboración de unos estudios sobre delincuencia juvenil en el ámbito europeo que habrían encubierto la financiación en B. La colaboración se firmó entre GINSO y una empresa vinculada con Álvaro Renedo (Inver-Eleto S.L), expresidente de Telemadrid por intermediación del consejero de Justicia y presidente del Consejo de Administración de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Alfredo Prada, según la denuncia.
Así lo confirma también una declaración de 2012 ante notario realizada por Carmen Balfagón, ex directora de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reinserción del Menor Infractor y también directora general del Imserso hasta junio. Dicha declaración, desvelada por El Mundo, relata cómo Prada, a las órdenes de Esperanza Aguirre e Ignacio González, impulsó la realización de los estudios que, según su relato, servirían para “tener más conocimiento en materia de inserción de menores” y, además, pondrían “en valor el conjunto de actuaciones de la propia Consejería en determinados medios de comunicación social”. Un total de cuatro facturas, según la declaración de Balfagón, por valor de 173.000 euros que implicarían también al periodista fallecido Germán Yanke Greño.
Podemos, en una denuncia presentada por la diputada Isabel Serra, también pone en conocimiento de la Fiscalía que la “empresa GINSO, que a día de hoy tiene un convenio aún vigente para la gestión de ese centro, forma parte de un entramado de empresas que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación irregular del PP y que aparecen en el caso Púnica, Lezo o Pujol (Ibadesa, Inypsa, Isolux)”. “Sus relaciones con Ibadesa nos hacen sospechar de su participación en una estructura corrupta mayor, dedicada al saqueo de fondos públicos y que trasciende de la Comunidad de Madrid, especializándose en captar fondos europeos para el desarrollo en países de América latina y África”, añade el documento dirigido a Anticorrupción.
Según la denuncia, la firma del convenio de colaboración en marzo de 2006 estuvo rodeado de movimientos de traspaso de carteras entre empresas que asumieron la construcción del centro y que estaban relacionadas con GINSO. Lo admitió en una entrevista en 2006 en El País el arquitecto y presidente, Alfredo Santos. “Da la casualidad de que soy arquitecto, tengo una empresa de proyectos y el 9% de una constructora. Si me dan la gestión del centro sería absurdo que no me contratara a mí mismo para hacer la obra. Alguien tiene que hacerlos. No se los voy a encargar a otro para que lo gestionemos luego nosotros. Sería una complicación buscar otra constructora. Además, sale más barato”, afirmó.
Estas empresas de proyectos eran Icono y Prodos-Proyect-Process S.L, “sociedades instrumentales”, según Podemos. La última, vinculada a Ibadesa, fue adquirida en un 70% por otra compañía, INYPSA, el mismo mes que la Comunidad de Madrid firmó el convenio de colaboración con GINSO, de acuerdo con la denuncia. La cartera de proyectos comprada incluía equipamientos hospitalarios en República Dominicana, China y Angola, además de la construcción del centro de menores en Madrid. El sobrino de político de Cospedal, José Herrero de Egaña y López del Hierro, era entonces vicepresidente de Prodos, según el documento.
Movimientos similares se registraron, siempre según Podemos, en adjudicaciones de la Junta de Andalucía unos años antes con otros centros de menores, como el de La Marchenilla (Algeciras), Tierras de Oria (Almería) y el de Inserción Laboral de Purchena (Almería). “En estos casos ya se utilizó a GINSO como pantalla”, dice la denuncia, que sitúa a Alfredo Santos y sus empresas como beneficiario.
