A propuesta de Izquierda Unida se ha incorporado al paquete de medidas que se revisen las leyes del Catastro y del Impuesto de Bienes Inmuebles para que, en palabras de su portavoz, Inmaculada Nieto, “se dote de mayor progresividad a este gravamen y se gane en la consideración de la vivienda como un derecho”.
La propuesta, que la Comisión formada por el Equipo de Gobierno y FAPACSA remite al pleno del próximo viernes, también contempla que para los años 2010 y 2011 se congele el recibo del IBI, mientras que para 2012, 2013 y 2014 se tomen otras medidas, como son el incremento del impuesto en el porcentaje que marque el IPC fijado para el mes de agosto del año anterior de cada ejercicio, y el encargo de una nueva revisión catastral que pudiera entrar en vigor en 2015. A estas iniciativas se sumará también la petición a la Dirección General del Catastro de una reducción del veinte por ciento de la ponencia de valores, al entender que ésta es la cantidad en la que se han devaluado actualmente las viviendas en la ciudad.
Herrera ha reiterado el hecho de que “desde el equipo de gobierno hemos dado numerosas muestras de ser sensibles en esta cuestión, buscando siempre que los ciudadanos paguen menos, y además, que los que menos tienen paguen menos”.
Juan de Dios Regordán, presidente de FAPACSA, ha pedido que esta propuesta sea respaldada por todos los grupos políticos con representación en el Consistorio. “Creo que se va a garantizar muy bien el bolsillo de los ciudadanos”, ha declarado. Los acuerdos que se alcancen en el pleno se expondrán a una asamblea de la mencionada federación de asociaciones. Regordán ha reiterado a la comisión mixta la disposición de su organización a apoyar la reclamación de un Pacto Local que permita a los ayuntamientos dotarse de recursos suficientes para prestar los servicios que son de su competencia.
En la reunión de esta tarde han participado nueve representantes de FAPACSA, además de su abogado, Antonio Viñas, mientras que la delegación municipal, junto al alcalde y a la primera teniente de alcalde, ha estado formada por los portavoces del PSOE, Diego Sánchez Rull e Isabel Beneroso, el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Barranco, el concejal de Izquierda Unida, Javier Soto, el también miembro de esta organización, José Luis Alcántara, además de técnicos municipales.Por su parte, el Presidente local del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha realizado en el día de hoy las siguientes manifestaciones, en relación con la nueva propuesta sobre el catastrazo elaborada por el alcalde Tomas Herrera.
“Para el Partido Popular lo prioritario sigue siendo la anulación de la ponencia de los nuevos valores catastrales aprobada e impulsada por el alcalde Herrera y su equipo de gobierno, y por ello defenderá en el pleno del próximo viernes la misma posición política que viene defendiendo desde hace dos años, intentando conseguir el apoyo de la mayoría de la Corporación Municipal, de cara a la proposición que se debatirá la semana próxima en el Congreso de los Diputados, en el sentido de que el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda anule dicha ponencia que ha supuesto un incremento del 160% en el valor de las viviendas de Algeciras, pese a la crisis económica y a la evidente reducción en el precio de las viviendas que se está operando en estos años”.
“En el Pleno del Ayuntamiento del pasado 25 de septiembre ya se aprobó una nueva propuesta de Tomas Herrera, su cuarta rectificación en este asunto, congelando el IBI para los años 2010 y 2011, y manteniendo la subida del 7% en el año 2009, por lo tanto la propuesta que ahora se nos trata de vender como nueva, en realidad ya está aprobada por la Corporación Municipal y lo único novedoso es que el actual equipo de gobierno nos dice que si siguen gobernando hasta el año 2015 entonces solo nos subirán el IPC a partir del año 2011”.
“Obviamente el Partido Popular no va a secundar dicha propuesta ya que aspira legítimamente a gobernar en Algeciras durante ese periodo y a hacer una política económica radicalmente distinta, que pasa por eliminar los gastos superfluos e innecesarios y adecuar la plantilla de personal a las necesidades ciudadanas, lo que nos daría un importante margen de maniobra para equilibrar las cuentas municipales y reducir la presión fiscal, especialmente en el caso del IBI que es un impuesto que frena la creación de empleo y las inversiones en el sector inmobiliario. Política económica que evidentemente defenderemos ante los ciudadanos de Algeciras en la próximas elecciones municipales del año 2011 y que pretendemos desarrollar sin condicionantes como la propuesta de Tomas Herrera que van en la dirección contraria a nuestros posicionamientos”.
Finalmente, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego Sánchez Rull, ha solicitado públicamente al portavoz del Grupo Popular la retirada de la propuesta de anulación de la ponencia catastral, aprobada en 2008 para Algeciras.Dicha petición se fundamenta en que esta propuesta “no sólo no es aceptable desde el punto de vista de la oportunidad política, sino que, y esto debe considerarse, se estaría incurriendo en un error grave desde el punto de vista de las normas que regulan la fijación de los valores catastrales, y de las normas legales que determinan los supuestos de nulidad y revocación de los actos administrativos en materia tributaria. Este extremo es bien conocido por el Sr. Landaluce, ya que fue uno de los diputados que aprobó la Ley de Catastro actualmente vigente”.Para Diego Sánchez Rull, “el Sr. Landaluce sabe perfectamente que la ley dice que el camino para ir contra la ponencia es el de presentar reclamaciones individuales, como responsablemente están haciendo muchos ciudadanos. Y no haciendo brindis al sol con el único objetivo de engañar a estos. Así que cabe preguntarse si el Sr. Landaluce ha presentado reclamación individual contra la ponencia, instrumento útil y legal, o si bien sólo está dedicándose al engaño, la manipulación y la distracción”.Igualmente asegura que “el PP sabe perfectamente que su proposición no de ley -que el Sr. Landaluce ha anunciado- no sirve de nada, ya que no es el instrumento procedimental adecuado. “En lugar de ello, lo que el PP debería es proponer el cambio de la ley que ellos mismos aprobaron”.Por otra parte, Sánchez Rull afirma que “el PP también sabe que el pleno no puede solicitar la anulación de la ponencia, porque no tiene legitimación jurídica para ello, se incumpliría la propia ley, y se obviaría totalmente el procedimiento administrativo, además de suponer un engaño y frustración para los ciudadanos, ya que no valdría para nada. Buena muestra de este engaño y manipulación es que ni éste diputado por la provincia de Cádiz, ni ninguno de sus compañeros en el Congreso ha hecho solicitud similar respecto de ninguno de los municipios donde gobierna su partido”.Pie de foto: Plano general de la reunión del Equipo de Gobierno con FAPACSA
