CCOO teme que todo esto sea una maniobra más de la política conservadora de la Junta de Andalucía, en pro de la privatización de un sector tan importante dentro de la comunidad educativa como es el servicio de comedor escolar.
“La no cobertura de vacantes y la lentitud en las sustituciones por incapacidad temporal hace insostenible el servicio de comedor en dichos centros debido a la excesiva carga de trabajo que soporta el personal, que imposibilita que la comida salga a la hora debida” ha manifestado el Secretario General del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Cádiz, Sebastián Alcón.
El hecho añadido de que, en algunos de ellos sólo están frente de los fogones los ayudantes de cocina por no haber cocineros provoca, que tal y como está estipulado en el convenio colectivo, sólo se puedan servir comidas poco elaboradas y de forma temporal, con las consecuencias que esto conlleva para la alimentación de los alumnos, indican desde CCOO.
Alcón advierte que “Casos como los del CEIP Maestra Caridad Ruiz, en la Algaida con 300 comensales, y de cuya plantilla que era de 5 personas actualmente sólo hay trabajando 3 ayudantes de cocina al no haber sido cubiertas las vacantes por jubilación de una cocinera y otra ayudante; la del CEIP Lapachar de Chipiona con 240 comensales que tiene sólo dos trabajadoras en activo de una plantilla de 5 y el CEIP San Miguel de Arcos también con sólo 2 trabajadoras en este momento hacen que la posibilidad del cierre temporal de dichos comedores esté muy cercana”.
Aparte de que es evidente que no es posible hacer el trabajo de cinco profesionales con sólo 2, el sobreesfuerzo que están realizando estos puede suponer problemas de salud para ellos con lo que esto acarrearía.
Hay que resaltar, indican representantes de este sindicato que la cobertura de vacantes depende de la Consejería de Función Pública, gobernada por el Partido Popular; y la cobertura de las sustituciones depende de la Delegación Territorial de Educación gobernada por Ciudadanos, hecho que está provocando problemas y desavenencias en la gestión de personal poniendo en jaque el buen funcionamiento de las instituciones y departamentos a los deben atender.
“Esto supone un nuevo ataque a la escuela pública por parte del gobierno conservador de la Junta de Andalucía volviendo, una vez más, a restar recursos a los centros de titularidad pública que son los que atienden mayoritariamente a la población que más necesita este servicio público, población en riesgo de exclusión social y padres y madres que precisan de estos comedores para poder conciliar su vida laboral y familiar”.
