CSIF entiende que estos empleados deberían ser separados del servicio por haber reconocido su implicación en el intento de lucrarse vendiendo ropa y otros objetos falsificados que habían sido decomisados, utilizando medios, vehículos e instalaciones públicas de Algesa –todo costeado por el ciudadano a través de sus impuestos.
Para CSIF, el acuerdo previo al juicio al que han llegado los acusados con la Fiscalía de pagar una multa de 720 euros no es excusa para que no sean inhabilitados para la gestión de bienes ajenos y separados de sus funciones. Si un trabajador emplea medios de su empresa para tratar de cometer un delito, serían despedidos automáticamente. Por ello, la Central Sindical, a través de su sector provincial de Administración Local, considera necesario que se les aplique el mismo reglamento, y con la misma contundencia, que estos directivos han utilizado para sancionar y despedir trabajadores de Algesa.
Si desde el Ayuntamiento y el Consejo de Administración no se toman medidas disciplinarias, podrían estar amparando la comisión de delitos y de actividades ilícitas en el seno de las administraciones públicas y sus empresas municipales con los medios sufragados por los ciudadanos.
CSIF recuerda que los cargos políticos y directivos en las administraciones y sus empresas han de velar por la legalidad y la transparencia y no usar las empresas públicas y sus medios en beneficio propio y menos para cometer delitos que están penados.
