GRAVES, por incumplir el acuerdo de septiembre del 2009 que buscaba mejorar el Servicio Público que reciben los ciudadanos y donde ya aceptábamos una MODERACIÓN SALARIAL.
INJUSTAS, porque una vez más somos los empleados públicos sobre los que hacen recaer las culpas y los costes de la crisis y de unas políticas derrochadoras de todas las Administraciones. CARGAN el peso de la reducción del déficit en los Empleados Públicos: de los 5.000 millones de recorte del 2010, 3.500 millones son asumidos por los Empleados Públicos. Muchos de los cuales con SALARIOS que escasamente superan los 1.000 euros mensuales. Y que los años de bonanza económica nunca se tradujeron en mejoras salariales para ellos.
EVITABLES, porque, antes de pedir esfuerzo a los Empleados Públicos y, si de verdad quieren acabar con el déficit en el gasto público:
Que CESEN al 90% de los miles y miles de asesores del Estado, de las Comunidades, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos. Asesores con sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su labor.Que recorten el número de Ministerios de Consejerías y Direcciones Generales en el Estado en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales.
Que ACABEN con los sueldos que cobran los políticos por pertenecer a los consejos de Administración de las Empresas Públicas. Sueldos, que en muchos de los casos son el segundo o tercer sueldo que cobra el político de turno. Empresas Públicas, que se financian de los Presupuestos públicos, con déficit de decenas de miles de millones de euros y que crean una Administración paralela sin ningún tipo de control adecuado.
Que ELIMINEN los gastos suntuarios de las Administraciones, viajes, coches, pseudoembajadas de Comunidades, representaciones permanentes en infinidad de países
Los Empleados Públicos manifestamos nuestra voluntad solidaria en esta grave crisis con la sociedad, pero NO estamos dispuestos a ser los que paguemos las consecuencias de una política económica desastrosa e ineficaz.En defensa de los Servicios Públicos, de los Empleados Públicos que los prestan y como garantía del ejercicio, de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos.
En defensa del Estado Social y de Bienestar que tanto sacrificio nos ha costado alcanzar, CSI-F va a tomar todas las medidas a su alcance, legales y sindicales para oponerse rotundamente a la agresión y fracaso del dialogo social.
