“La posición en este momento es que las conversaciones se han ralentizado y es bastante posible que no tengamos un acuerdo para el 31 (de diciembre), pero no tenemos una fecha límite y, que yo sepa, tampoco el Gobierno español, así que seguiremos conversando si fuera necesario después del 1”, indicó Bossano por teléfono desde Gibraltar.
El político, que fue ministro principal de Gibraltar entre 1988 y 1996, hizo esta observación después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, indicase el lunes que España va a buscar el acuerdo “hasta el último segundo” para encontrar “un encaje” que garantice la fluidez en la frontera.
Bossano agregó que, sin un acuerdo, habría “un impacto negativo en nuestras relaciones comerciales con el área del Campo”.
González Laya aseguró este lunes que si no hubiera acuerdo antes del 31 de diciembre, España deberá controlar la frontera con Gibraltar con “observancia escrupulosa” de todas las normas de la UE sobre fronteras exteriores, por lo que todos los ciudadanos que quieran atravesarla necesitarán un visado de pasaportes “como ocurre con cualquier país tercero”.
Ser “país tercero” significa que los ciudadanos de Gibraltar dejarían de tener acceso a la Seguridad Social española, quedarían fuera del espacio aéreo europeo, necesitarían un reconocimiento específico del carnet de conducir y del seguro de sus vehículos, etcétera, detalló la ministra española de Exteriores.
Además, será preciso establecer controles policiales, fitosanitarios y de seguridad en las mercancías de los más de 200 camiones que cada día cruzan entre Gibraltar y España, que suponen “más controles, tiempos de espera, colas y costes”.
El Gobierno español aprobó este martes un régimen transitorio en el ámbito laboral para los trabajadores afectados por el Brexit, que garantiza el acceso a la prestación por desempleo española a los europeos que se desplacen diariamente a Gibraltar a trabajar hasta el 31 de diciembre de 2022.
Estas medidas de transición prevén que las empresas establecidas en España que el 1 de enero de 2021 tuviesen trabajadores desplazados temporalmente al Reino Unido o Gibraltar deberán seguir aplicando la legislación de dicho país durante el periodo de desplazamiento y siempre que se reconozca un tratamiento recíproco.
De igual manera, las empresas establecidas en el Reino Unido o en Gibraltar con trabajadores desplazados a España antes del 31 de diciembre de 2020, podrán permanecer en el país a partir del próximo 1 de enero y continuar prestando sus servicios hasta el 31 de diciembre.
A partir de entonces, para prolongar la actividad será necesario solicitar autorización de residencia y de trabajo.
Según la norma aprobada, los empleados desplazados a España a partir del 1 de enero de 2021 deberán obtener los visados y/o autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la normativa de extranjería española.