Los clanes del narcotráfico en el Estrecho utilizan sistemas cada vez más sofisticados para ocultar sus fortunas y para mover el dinero que obtienen al introducir toneladas y toneladas de droga en Europa. Uno de esos nuevos métodos consiste en transformar el dinero en efectivo en una divisa más moderna, opaca y difícil de rastrear: las criptomonedas.
Por eso, ante esta nueva estrategia de los narcotraficantes, los especialistas de la Policía Nacional buscan ya nuevas herramientas con las que rastrear el modo en que los capos del Estrecho de Gibraltar encubren el dinero que obtienen del hachís o la cocaína.
Una de esas herramientas pronto estará en su poder. Según los documentos publicados esta semana en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Policía Nacional adquirirá dos licencias de análisis de criptoactivos destinadas a las unidades que prestan servicio en el Campo de Gibraltar.
Según los pliegos y la memoria del contrato, la Dirección General de la Policía tiene, entre otros, la función de realizar análisis de evidencias electrónicas relacionadas con hechos delictivos.
Para seguir mejorando dichos análisis, el Ministerio del Interior considera “necesaria” la “actualización tecnológica continua de los sistemas informáticos que los permiten”.
Entre estas se encuentra el análisis de los movimientos de criptoactivos a través de las redes que comercializan estos productos.
En el contrato, hecho público esta semana, la Policía admite “la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas”. Debido a las telarañas que tejen para ocultar el dinero procedente del narcotráfico, “es prácticamente imposible realizar informes de calidad suficiente sin disponer de los sistemas” que ahora se han contratado.
Esa labor se vuelve especialmente compleja en aquellas unidades operativas ubicadas
en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, afectadas por el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, configurado para luchar con más recursos contra el narco, que durante años ha realizado grandes negocios en la zona.
Para la contratación de estos dos programas, Interior ha previsto un presupuesto de 110.000 euros.
La punta del iceberg
Hace tan solo unos meses, en febrero de este mismo año, una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se saldó con la detención de siete personas residentes en Sevilla que formaban parte de una sofisticada red de narcotráfico que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas.
Aquella operación, denominada Grande-Tapadera, se inició a principios del año pasado después de que los investigadores tuvieran conocimiento de una red de narcotráfico a gran escala que suministraba cocaína a otros narcotraficantes en Sevilla.
Esa red, a su vez, empleaba un entramado empresarial dedicado a la compraventa de vehículos. También adquirían talleres y otras sociedades para blanquear el dinero que obtenían del narcotráfico. Después, aprovechaban todos los ingresos para invertir el capital en criptomonedas.
Era una de las primeras operaciones en las que se encontraba ese método de los traficantes para transformar el dinero contante y sonante en algo más etéreo y volátil, más difícil de rastrear, como son los criptoactivos.
Fue en la tercera fase de la operación cuando, al registrar nueve sociedades distintas en Cádiz y Sevilla, se incautaron de documentación de sociedades fiscales, cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa.
Combatir el uso de las criptomonedas por parte de mafias pertenecientes al crimen organizado es algo de lo que ya se alertaba en la Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delicuencia Grave 2019-2023.
En ese documento, elaborado por el Ministerio de Justicia, el de Hacienda, el de Interior, el de Economía, la Fiscalía General del Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), se afirmaba que este será uno de los puntos cruciales de mejora en el futuro.
Es uno de los objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: “Avanzar en el conocimiento del uso de criptomonedas en procesos de blanqueo de capitales, así como su recuperación y gestión, promoviendo normativas que doten de transparencia la operativa en todos los criptoactivos”.
