Los hechos ocurrieron en 2015 cuando Jorge Benítez (por aquel entonces policía) fue a poner una multa a un vehículo mal estacionado, que resultó ser del entonces concejal de Turismo de Tarifa del PP. El edil se presentó en el lugar y comenzó una discusión con él
Poco después, se produjo un nuevo altercado relacionado con la misma denuncia, esta vez con la intervención del entonces alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP). La tensión de estos incidentes desembocó en una incapacidad permanente para Jorge Benítez
El Ayuntamiento de Tarifa deberá indemnizar con 35.000 euros a su actual primer teniente de alcalde por el partido Nuevos Aires Tarifa (NAT), según ha estipulado el Juzgado de lo Social número 1 de Algeciras, por el «daño moral» derivado de un accidente laboral sufrido en 2015 cuando ejercía como policía local. La sentencia considera que el Consistorio no cumplió con la normativa de prevención de riesgos laborales, lo que derivó en una «incapacidad permanente» del demandante tras un episodio con un concejal y el entonces alcalde.
Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en 2015 cuando Benítez fue a poner una multa a un vehículo mal estacionado, que resultó ser del entonces concejal de Turismo de Tarifa del PP. El edil se presentó en el lugar y comenzó una discusión con el policía.
El demandante reclamaba una indemnización de 75.000 euros por los daños morales sufridos debido a la negligencia del Ayuntamiento, al considerar que este incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales. La sentencia determina que el Consistorio no disponía de un plan de prevención adecuado para los agentes de la Policía Local, algo que sí ocurre en otros cuerpos de seguridad.
A este respecto, el jugado entiende en su sentencia que el Ayuntamiento de Tarifa «no ha cumplido con su deber de prevención de riesgos laborales» al no contar con un plan de prevención «adecuado a las circunstancias del caso» para su Policía Local como sí que ocurre con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, «pudiendo preverse tanto riesgos físicos como psicosociales, como es el caso de autos en un enfrentamiento con un particular (en este caso un concejal y el alcalde) en el ejercicio de su profesión».
Para el juzgado, el Ayuntamiento «tiene obligación de prever los riesgos de un puesto de trabajo para intentar solventarlos, y quizá si el enfrentamiento hubiera sido con un particular quizá no se habría desencadenado en el actor la reacción psíquica que sufrió ya que no existía esa relación «jerárquica» ni presiones laborales que parece que se le presentaron cuando intervino el alcalde en la discusión. Es por eso que se le imputa la responsabilidad por los daños producidos a Benítez, ya que «el daño producido no estaba previsto ni se habían adoptado medidas».
Finalmente, el fallo del juzgado estima parcialmente la demanda interpuesta por Jorge Benítez contra el Ayuntamiento de Tarifa, condenado a abonar la cuantía de 35.000 euros por el daño moral causado por el accidente de trabajo sufrido.
