El sindicato, que se ha manifestado en Algeciras y tambén en Cádiz y Jerez, critica que el Ministerio
no se haya sentado a negociar la futura Ley de Eficiencia Organizativa.
Delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración de Justicia de la provincia de Cádiz, se ha concentrado hoy en los juzgados de Algeciras para denunciar el nuevo modelo organizativo de dicha administración que arrastra a una “sangrante” falta de medios personales y materiales y vulnera el derecho de negociación colectiva.
Para el responsable del sector de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, “este nuevo modelo no va solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española”, y añade que “hay un déficit de 20.000 plazas en todo el país, equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren”.
Estas concentraciones, que también se han desarrollado de forma simultánea en el resto de provincias andaluzas, son las primeras de un calendario de movilizaciones que se iniciaron en Madrid esta semana frente al Ministerio de Justicia y que continuarán hasta que dicho ministerio no se siente a negociar la futura Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores.
Lobato critica que la LEO vulnere la negociación colectiva puesto que supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Igualmente, CSIF lamenta que el debate de la Justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos del gobierno del poder judicial cuando la prioridad sería dotar a la Administración de Justicia de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano.
En este sentido, el sindicato lamenta que sea la ciudadanía quien una vez más pague las consecuencias del mal funcionamiento de la Administración y tenga que soportar una justicia lenta y con excesiva burocracia.
Para la central sindical es necesario que la reforma de la Justicia cuente con el máximo de los consensos, que suponga una mejora del servicio público y que se convierta en una fuente de oportunidades reales y efectivas para el personal de Justicia en su promoción profesional, condiciones laborales y retributivas.
