Ante la situación de colapso por el gran número de macrocausas y demás procedimientos que registra la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras, CSIF quiere denunciar públicamente la dejadez del Ministerio de Justicia para crear una nueva sección que permita aliviar dicha carga de trabajo. Sin embargo, “el Ministerio hace caso omiso al último informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se recoge la necesidad de crear dicha sección”, apunta Manuel Lobato, responsable de Justicia de CSIF Cádiz, quien lleva años reclamándolo.
CSIF recuerda que el Ministerio de Interior dotó al Campo de Gibraltar de efectivos y medios para combatir el narcotráfico, “cuyo trabajo ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han dado unos magníficos resultados, pero este volumen de trabajo generado es imposible de soportar por una sola sección”, explica Lobato, añadiendo que “el refuerzo policial no tiene sentido si el Ministerio de Justicia no crea la segunda sección
de la Audiencia para el Campo de Gibraltar”.
Las secciones normales están compuestas por tres magistrados, una letrada de la Administración de Justicia y diez funcionarios de los cuerpos generales. En cambio lasección séptima actual está formada por seis magistrados (el doble), mientras que mantiene los mismos diez funcionarios de cuando se creó en el año 2000, más dos
refuerzos, lo que hace un total de 12.
Mientras no se ponga en marcha la segunda sección para el Campo de Gibraltar, y para poder recepcionar el volumen de trabajo que reciben de más de veinte juzgados de la comarca, tramitar y ejecutar las resoluciones que dictan estos seis magistrados y poder controlar de forma eficaz el enorme volumen de presos dependientes de esta sección, hace falta un proporcional equilibrio entre el número de magistrados y los funcionarios de los cuerpos generales. En este caso, esa proporcionalidad se traduce en que faltan ocho funcionarios, para llegar a los 20 necesarios, y un refuerzo para la letrada de la Administración de Justicia.
Para CSIF, los funcionarios allí destinados están soportando un nivel de trabajo materialmente imposible de asumir, por lo que se hace muy difícil su día a día y el hacer frente, además de al volumen de procedimientos que reciben, a la especialidad, complejidad y atención requerida por la materia de que tratan, con la responsabilidad que conlleva el cometer algún fallo. Hay que subrayar que hay procedimientos con veinte, treinta o incluso algunos hasta con más de 150 detenidos, más otro número igual de testigos, representaciones y defensas, preparación de videoconferencias, etc., guardando especial cuidado para que no se suspendan y con ello se pueda provocar un
grave perjuicio a la ciudadanía. “Tenemos que insistir que los ciudadanos son los grandes perjudicados del colapso de la Justicia y de los resultados negativos que se puedan producir”, apunta Lobato.
Por ello, desde CSIF se ha solicitado a la Consejería de Justicia que, con la mayor urgencia posible, se dote a la sección séptima de personal suficiente, aumentando como mínimo la plantilla en cinco funcionarios más (un auxilio, dos tramitadores y dos gestores), y se continúe progresivamente hasta conseguir equilibrar dicha plantilla.
Una vez se consiga este equilibrio de personal, CSIF recuerda que 2también es necesario que mientras que se inician y ejecutan las obras anunciadas por la Consejería del nuevo edificio judicial, se mantenga la sala de vistas que se va a preparar para los macrojuicios, para poder dar salida con más fluidez a los señalamientos de esta sección, que ya se efectúan para principios de 2024 y así causar el menor perjuicio posible a la ciudadanía”.
