Fuentes parlamentarias han avanzado a Efe que este ha sido el compromiso que el Gobierno ha plasmado durante la reunión que ha celebrado en el Congreso este miércoles con representantes de los partidos con presencia en la propia Cámara.
La reunión sucede a la que hace dos semanas se produjo también en el Congreso, aunque entonces fue la vicepresidenta Carmen Calvo la interlocutora del Gobierno. Este miércoles ha sido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.
Si hace dos semanas el Ejecutivo prometió fluidez en el diálogo con los grupos para acordar la contingencia que aplicar en España si Reino Unida abandona la UE sin acuerdo, las fuentes consultadas han señalado que la sesión de este miércoles ha servido para dar un paso más y concretar el marco de redacción de un real decreto.
Una de las opciones que se estaban barajando consistía en la elaboración de una ley en el Congreso que, una vez aprobada, habilitaría al Gobierno para actuar en distintos campos si se materializaba el “brexit duro”.
Pero esta opción, apuntan las fuentes, se ha descartado, por lo que el Gobierno y los grupos trabajarán desde ya, y con la máxima interlocución, puntualizan, en un real decreto que se convalidaría a finales de marzo en el caso de que el escenario más plausible sea el de la salida de la UE sin acuerdo (la fecha límite es el 29 de marzo).
Dicho real decreto abordaría los aspectos de mayor urgencia por ser los que más incidencia pueden generar en ciudadanos y empresas.
Abordará, por tanto, los derechos de los ciudadanos españoles que residen en Reino Unido, los de los ciudadanos británicos que residen en España, los de los turistas británicos, los de los turistas españoles y los de las personas que viven o trabajan en el Peñón de Gibraltar, entre otros campos.
También tratará la salvaguarda de las empresas de transporte terrestre o aéreo, cuestión esencial dado que la compañía Iberia forma parte de IAG con British Airways.
Son dos de los ámbitos perentorios para el Gobierno, en los que ya está trabajando, indican las fuentes, y en los que quiere dar participación a los grupos, de modo que el consenso esté sellado para proceder a la convalidación en el Congreso y a su inmediata entrada en vigor.
Pero, como explican las fuentes, hay incertidumbre en los plazos, sobre todo después de que ayer el Parlamento británico instara a Theresa May a la renegociación.
Además, hay que tener en cuenta que si se concierta una prórroga entre las partes británica y europea, ganaría enteros la participación de los ciudadanos de las Islas en las elecciones europeas del 26 de mayo.
