Las personas propuestas para ocupar esas plazas durante nueve años son: Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales), Concha Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), y Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional).
Hoy día 11 de noviembre el Congreso votará la propuesta, pero con la nariz tapada, ¡qué vergüenza! Porque darán el sí a los polémicos candidatos propuestos por el PP, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, cuyos nombres han aparecido en varios casos o sumarios de corrupción y también de incompatibilidad.
Además, la polémica sobre la elección de estos magistrados seguirá abierta porque podrían ser recusados posteriormente en los juicios de este alto Tribunal por sus posicionamientos partidistas. Sin embargo, el PSOE y el propio presidente, Pedro Sánchez, tendrán que refrendarlos con sus votos, se felicitan por el acuerdo y, dicen, que cada partido es responsable de los nombres elegidos. ¿Cómo?
El pasado del magistrado Enrique Arnaldo acapara más focos que la famosa recusación de Concepción Espejel, quien solo tuvo que apartarse del caso Gürtel por su cercanía al PP. Pero varios medios de comunicación han ido revelando distintos aspectos del pasado de Arnaldo y su aparición en sumarios de corrupción como Palma Arena o Lezo sin ninguna consecuencia legal para él.
En el caso de Palma Arena, la laberíntica causa de corrupción de Baleares centrada en el entonces presidente Jaume Matas, Arnaldo llegó a estar imputado, aunque la causa se archivó antes de llegar a juicio porque los hechos habían prescrito. Por eso, Arnaldo asegura que “mi paso por el juzgado se limitó a declarar en el proceso y después ser exonerado”. No fue así, estuvo imputado un año, por tres contratos concedidos a dedo a la empresa de la que era socio.
Su imputación, tal y como explicó elDiario.es nada más conocerse el acuerdo, vino por su papel como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares, Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando una contratación a su bufete. Medios como El Periódico de España han desgranado en los últimos días detalles del sumario, como por ejemplo que maniobró también para colocar a Jaume Matas en la universidad con el entonces rector de la URJC.
Ante la Comisión de Nombramientos del Congreso Arnaldo se limitó a defender que nunca llegó a ser juzgado. Los diputados también le preguntaron por su presencia en charlas organizadas por la Fundación para Análisis y Estudios Sociales (FAES), ligada a Aznar y al Partido Popular, a lo que el candidato contestó: “Eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades, nada más”. Pero, eso sí, cobrados.
En la citada comparecencia ante la Comisión de Nombramientos del Congreso dejó sin explicar su conversación con el expresidente madrileño, Ignacio González, sobre su ático en Estepona, en noviembre de 2016. Cuando, como reveló La Sexta, prometió a González que estaba moviéndose “para que el nuevo que sustituya a esta señora (Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado) sea bueno para ti”.
También el candidato del PP al TC infringió la Ley Orgánica de Universidades al cobrar a la vez de un centro público y otro privado, porque estuvo adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y al centro Cardenal Cisneros a la vez, algo que impide la norma. Una infracción muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo público de entre tres y seis años.
La prensa libre de este país, en el caso particular de Enrique Arnaldo, ha hecho su trabajo. Nos ha dicho quién es y lo que ha hecho. Nos ha informado sobre que es capaz de hacer y que va a hacer y la función a desempeñar en el TC. Cualquier pacto que obvie esta información es un pacto espurio, aunque sumen los votos. El sapo a tragar por quien vote sí, hoy jueves, es enorme.
Podemos concluir diciendo que el PP no ha tenido “la dignidad” de poner sobre la mesa a un candidato distinto a Enrique Arnaldo, ya que no reúne las condiciones de ejemplaridad, honestidad, sentido crítico y la capacidad para ser independiente que deben exigirse a un magistrado del Tribunal Constitucional. Así que no renovar, hubiera sido menos grave que votar a corruptos. En política no vale todo.
