Pero el pasado martes, en el Gobierno de coalición PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda.
Así que, por fin en este país se aprobará una Ley de Vivienda. La vivienda es un derecho fundamental y constitucional. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la Constitución Española). Aunque la Ley está en la buena dirección, según los expertos, se ha quedado corta.
También dice el artículo 47 que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Así que algo debía hacer el Gobierno tras más 40 años de Constitución, pero queda por ver si se ha hecho lo correcto.
No cabe duda que esta Ley era necesaria y que, además, hacía falta incrementar la oferta de viviendas de alquiler. Tenemos un grave problema con el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, un problema tanto económico como sociológico, que genera otro problema como es la emancipación. Por eso, creo que, las decisiones tomadas por el Gobierno han sido acertadas.
Esta ley de la vivienda tiene dos patas fundamentales: una la de incluir un acuerdo para subir el IBI hasta el 150% a las viviendas no ocupadas para que los caseros con más de cuatro viviendas no las tengan vacías y, otra fundamental, unas normas de control de precios de alquileres en las denominadas áreas tensionadas, en las que los precios sufren una presión alcista.
Ambas quedan en manos ajenas a las del Gobierno, porque el control de los precios de alquiler y de las promociones de suelo para viviendas sociales queda en manos de las autonomías y los ayuntamientos. Menos mal que el Gobierno será responsable de un bono de alquiler de vivienda de 250 euros mensuales para jóvenes de 18 a 35 años con ingresos por debajo de 23.725 euros, que tendrá una duración de dos años.
Este bono de 250 euros también se entregará a través de las comunidades autónomas porque el Estado central asegura que no puede dar estas ayudas directas al estar prohibido por la legislación europea. Pero si se va a consorciar con las comunidades para que den los cheques a los jóvenes que cumplan los requisitos.
Este es el bono joven base. Pero, además, los jóvenes en situación de vulnerabilidad social podrán beneficiarse de una desgravación extraordinaria del 40% como subvención a su alquiler. Los jóvenes que estén por debajo del umbral de vulnerabilidad social (alrededor de los 12.000-13.000 euros/año, aún por determinar) recibirán hasta un 40% de subvención para pagar el alquiler.
Sin embargo, no me explico por qué si esta ley era tan razonable y constitucional el PSOE se ha resistido tanto, aunque todavía esté en fase de redacción y saldrá del Consejo de ministros para iniciar su trámite parlamentario al final de año. A esta Ley le quedan todavía de 12 a 18 meses. Aunque lo que bien empieza, bien acaba.
Ahora el PP anuncia que no aplicará la ley en los territorios donde gobierna ni siquiera controlará los precios de alquiler. El PP entiende que encontrar un lugar donde vivir no es problema para nadie. ¡Qué equivocación! Y avisa que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de vivienda, aunque todavía no está aprobada y, por tanto, el PP no la ha podido leer. Al PP le da igual lo que proponga el Gobierno, le da igual si es beneficioso o no para la gente. Ellos van a seguir lo que queda de esta legislatura con el mantra del “no”. Y así nos va.
