¿Qué empleo?, porque se puede conseguir empleo y ser pobre e incluso tener trabajo y seguir siendo muy pobre.
Está claro que los salarios deberían servir para obtener los recursos necesarios que satisfagan las necesidades básicas de los asalariados y sus familias, pero en muchos casos no es así. Y menos para los jóvenes, que no se pueden ir de la casa de sus padres, aunque tengan trabajo.
Un día habrá que hacer una estimación de la responsabilidad que han tenido las sucesivas reformas laborales en este problema, porque lamentablemente no todos los puestos de trabajo sirven para salir de la pobreza, ni siquiera de la pobreza extrema, porque la pobreza extrema es un círculo infernal que fomenta más pobreza.
En España, el 27,5% de los que tienen trabajo pertenecen a la categoría de la pobreza extrema (un grado más intenso de la pobreza media). La gente ya ni siquiera es mileurista.
Nos estamos alejando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que contemplan que el “trabajo decente” debe favorecer la integración social, aportar un ingreso justo, seguridad y protección social para las familias.
El informe en cuestión sustituye los estereotipos y los prejuicios por la realidad. Por ejemplo, hemos identificado la pobreza extrema con un determinado grupo social como la emigración, el sinhogarismo, la falta de estudios, etcétera, olvidando hechos tangibles como que el 72% de los pobres severos son españoles, con un nivel educativo medio (53%) o alto (17,9%) y, además, con trabajo (27,5%) y con vivienda (95,2%).
Los pobres severos son, en general, personas que han cumplido con los requisitos que la sociedad exige para tener una vida digna y adecuada a los estándares sociales, pero no les ha funcionado.
En el estudio realizado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, “El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono”, concluye que “ninguna de estas condiciones se cumple para el caso de las personas que trabajan y se mantienen en la pobreza severa”.
Pobres severos son aquellos que resisten con menos de 281 euros al mes en caso de que vivan en el seno de una familia y con menos de 535 euros al mes si viven solos. En el año 2020, el 9,5% de la población total (unos 4,5 millones de personas) pertenece al segmento de la pobreza extrema.
Se dice que la pandemia ha fulminado el progreso de décadas en la lucha contra la pobreza extrema. Al menos en lo que se refiere a España no es cierto, pues la situación ya era insostenible previamente, en 2019 y en 2008, cuando comenzó la Gran Recesión.
La gran diferencia está en las políticas sociales que se están aplicando ahora, inéditas en la etapa de la austeridad expansiva. Son las políticas públicas paliativas -el denominado “escudo social”-, cuyo objeto es recoger a los que se quedan por el camino, y que contemplan medidas como el ingreso mínimo vital y los ERTE, prorrogados ahora hasta el 28 de febrero próximo.
Además, algunas otras como la garantía en el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los más vulnerables, la suspensión de los procesos de desahucios, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual, etcétera, etcétera.
La red contra la pobreza y la exclusión pone algunas pegas a tal “escudo”, fundamentalmente la complejidad del sistema actual de rentas mínimas, con escasa cobertura e insuficiente cuantía para proporcionar a las personas en pobreza severa un nivel de ingresos que permita cubrir sus necesidades en tiempos de crisis.
En conclusión, una de las causas más importantes de la vulnerabilidad es estar en paro, pero también no disponer de un “trabajo decente”. Por eso hay que recuperar la idea de igualdad y dignidad de las personas mediante una política de mejora del empleo que arbitre políticas y planes que fomenten la eliminación de la precariedad laboral, la temporalidad y los bajos salario, además de universalizar las prestaciones asistenciales.
Y, por supuesto, la mejora del salario mínimo interprofesional y del nivel mínimo de pensiones. Cuestiones que deberían recogerse en una ley básica que garantice esos derechos a todos los ciudadanos. Sin embargo, el mayor reto para la cohesión social y erradicar la pobreza sería una renta básica, universal, individual e incondicional que garantice unos mínimos necesarios y articule la dispersión de las medidas actuales.
