Sus abogados han pedido la nulidad de las investigaciones de la denominada Operación Bodeguilla, desarrollada en mayo de 2016 y que permitió interceptar la droga, que tenía a Galicia como destino y que iba camuflada en contenedores de fruta y cacao.
La Fiscalía solicita para los seis acusados penas que oscilan entre los diez años y medio y los quince años de prisión y multas que, en su conjunto, superan los 700 millones de euros.
La droga proveniente de Sudamérica, según las estimaciones de los investigadores, habría alcanzado en el mercado un precio superior a los 53 millones de euros.
En esta causa, inicialmente, estaban acusadas ocho personas, pero una de ellas sigue fugada de la Justicia y otra falleció el año pasado.
Este último era el histórico narcotraficante Luciano ‘Chano’ Núñez, conocido como Lucky Luciano, condenado en su día por la Operación Nécora y que, según los investigadores, era el líder de esta red que pretendía establecer una vía estable de entrada de droga por Algeciras.
El fiscal entiende que todos ellos formaban parte de un “conjunto estructurado” que tenía como finalidad “última y exclusiva” la introducción en España de distintas partidas de drogas y estupefacientes, principalmente cocaína, para su comercialización.
La red fue desmantelada, según el representante público, porque el agente de la Guardia Civil al que pagaron 10.000 euros para que facilitase la entrada de los contenedores con la droga informó a sus superiores y fue autorizado para actuar como agente encubierto en la operación.
Los abogados de los seis acusados han pedido la nulidad de la causa alegando que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y han acusado a la Fiscalía de generar una “ficción absoluta” sobre esta presunta organización criminal.
Además, sospechan que el proceso no se desarrollará con “plenas garantías” para sus clientes y han asegurado que la utilización del agente encubierto fue un “fraude de ley”, ya que éste habría “excedido sus competencias”.
También se han opuesto a que se admitan los registros realizados y han denunciado que los investigadores se han “inventado” antecedentes policiales de los acusados.
El fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, ha calificado estas alegaciones de “vagas, ambiguas y faltas de desarrollo” y aseguró que están “vacías de contenido”, siendo fruto, ha añadido, de una exposición “conspiranoide”.
Para la celebración de la vista oral se han reservado cinco días, a partir del próximo 7 de junio, ya que están llamados a declarar en la causa hasta 41 testigos.
