En concreto, el Ejecutivo comunitario ha explicado que las autoridades del Peñón sólo han recuperado unos 20 millones de euros de las ayudas fiscales ilegales identificadas en el marco de la investigación (un 20% del total) aunque han pasado ya “más de dos años” desde que se lo exigiesen.
El caso se remonta a 2013, cuando el Ejecutivo comunitario inició una investigación contra el régimen del impuesto de sociedades que Gibraltar había puesto en marcha tres años antes. Bruselas concluyó en diciembre de 2018 que las exenciones por intereses y cánones y los cinco acuerdos fiscales o ‘tax rulings’ que Gibraltar cerró con varias empresas eran ilegales, por lo que ordenó la recuperación de las ayudas concedidas.
“Más de dos años después de que la Comisión tomara su decisión, las ayudas todavía no han sido recuperadas completamente y no se ha avanzado lo suficiente para restaurar la competencia. Por eso hemos decidido llevar a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia”, ha explicado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
Bruselas ha subrayado que las autoridades de Gibraltar tenían que haber recuperado antes del 23 de abril de 2019 todo el dinero que las multinacionales se habían ahorrado pagar a las arcas públicas a través de este régimen. La institución europea ha defendido que la recuperación “debe ocurrir lo más rápido posible” porque hasta que esto ocurra “los beneficiarios siguen disfrutando de una ventaja competitiva ilegal”.
El departamento que dirige la danesa Vestager ha estado “en contacto regular” con las autoridades del Peñón, que han detallado que cuatro multinacionales se beneficiaron del régimen tributario declarado ilegal, Por el momento, sólo dos de las empresas han devuelto las ayudas concedidas y el montante representa únicamente el 20% del total.
“La recuperación todavía está pendiente por parte de Mead Johnson Nutrition (beneficiario de un acuerdo fiscal) y parcialmente de Fossil (beneficiario de un esquema de ayudas ilícito”, precisa la Comisión Europea.
El acuerdo entre la UE y Reino Unido para el Brexit establece que la Comisión Europea puede llevar a Londres ante la Justicia europea por haber incumplido decisiones que fueron tomadas antes de que finalizase el periodo de transición el pasado 31 de diciembre de 2020.
LA INVESTIGACIÓN DE BRUSELAS.
Bruselas abrió en octubre de 2013 una investigación contra el régimen del impuesto sobre sociedades de Gibraltar introducido en 2010 ante las “dudas graves” de que podría infringir la normativa comunitaria sobre ayudas públicas por incluir exenciones en este gravamen por pagos de intereses y cánones.
El Ejecutivo comunitario amplió el expediente en octubre de 2014 para incluir también un total de 165 acuerdos fiscales o ‘tax rulings’, ante la sospecha de que no se basaran en información suficiente para garantizar que las empresas beneficiadas fueran gravadas en las mismas condiciones que otras empresas que generaban o derivaban ingresos de Gibraltar.
Con respecto al primer pilar de la investigación, Bruselas determinó que las sociedades beneficiarias de intereses o cánones estabas exentas del pago del impuesto “sin que hubiese una justificación válida”. En consecuencia, la medida “favoreció significativamente” a un conjunto de empresas pertenecientes a grupos multinacionales que centran su actividad, por ejemplo, en la concesión de préstamos intragrupo.
Gibraltar, en cualquier caso, abolió la exención fiscal sobre los ingresos por intereses en julio de 2013 y la de los ingresos por cánones en enero de 2014.
Con respecto a la investigación sobre los acuerdos fiscales, el Ejecutivo comunitario determinó que 5 de los 165 ‘tax rulings’ evaluados constituían ayudas de Estado ilegales. Las cinco se refieren, en concreto, la tratamiento fiscal de Gibraltar a determinados ingresos generados por sociedades comanditarias de Países Bajos. En cambio, la Comisión Europea no ha detectado ninguna ventaja selectiva con respecto a los otros 160 acuerdos fiscales evaluados.
