Estas y otras muchas medidas están detalladas en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva situación generada tras el fin del periodo transitorio y la retirada definitiva del Reino Unido de la Unión Europea.
Estas “medidas de adaptación”, que pretenden facilitar la vida a los británicos que residan en España y Gibraltar, están sometidas a un plazo temporal limitado y exigen la reciprocidad por parte de las autoridades británicas, por lo que podrían ser suspendidas en un plazo de dos meses si el Gobierno de aquel país no aprueba unas similares que favorezcan a los españoles.
Además, el real decreto especifica que los gibraltareños, que a 31 de diciembre de 2020 estaban registrados como tales, podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un estado miembro, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos.
Sus permisos de conducir les permitirán conducir en España hasta el 30 de junio de 2021.
También se permite la continuidad con condiciones de determinados servicios financieros y la actividad de las empresas transportistas entre España y Gibraltar, así como determinadas previsiones en el ámbito de los servicios aéreos y aeroportuarios.
Sin embargo, “todas estas medidas están sometidas a reciprocidad; si la administración gibraltareña no las aplica, el decreto-ley habilita al Gobierno a suspenderlas para Gibraltar”, insiste el Ministerio de Exteriores por medio de un comunicado.
España y Reino Unido se encuentran inmersos en una compleja negociación sobre las medidas que regirán la relación con Gibraltar que, según la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, deberán estar acordadas antes del final de 2020.
En varias entrevistas con medios de comunicación, González Laya ha insistido este martes en que España va a buscar el acuerdo “hasta el último segundo” con el objetivo de encontrar “un encaje” que garantice la fluidez a la frontera.
Sin embargo, en declaraciones a Efe en Londres, el ministro de Desarrollo Económico y Telecomunicaciones del Peñón, Joseph Bossano, ha asegurado que es “bastante posible” que no haya un acuerdo fronterizo con España antes del 31 de diciembre, aunque ha asegurado estar dispuesto a seguir hablando después del 1 de enero para evitar un “impacto negativo” en el comercio.
La afirmación de Bossano choca con la discreción mostrada por la ministra, quien ha evitado dar detalles de las negociaciones por considerar que “cuando uno negocia en plaza pública es que ha dejado de negociar”.
