La delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, ha remarcado que en la provincia de Cádiz se destinarán 5.674.451 euros y se estima que se podrán ver beneficiadas 1.576 personas. Asimismo, ha insistido en que “es una tramitación necesaria” y que, “en tiempos de dificultades, esperamos que este apoyo llegue al mayor número de gaditanos que no pueden pagar el alquiler y necesiten estas ayudas”.
En concreto, las ayudas se podrán solicitar desde hoy, 8 de julio, hasta el 30 de septiembre y la solicitud será telemática. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la Orden Ministerial.
Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30 por ciento.
Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
La solicitud de ayuda deberá presentarse en el Registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía, en la dirección web https://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda/presentacion-electronica.html La documentación acreditativa se podrá presentar telemática o presencialmente, en registro con cita previa.
La Junta ha trabajado en las bases reguladoras y en las propias órdenes de la convocatoria desde que el Gobierno de España anunció estas ayudas. Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. El desarrollo y gestión de estas ayudas es competencia de las comunidades autónomas.
