La publicación de las dos normativas 37.17 y 38.17 -que llevan la firma del presidente del Gobierno el 6 de marzo pasado- ha seguido su curso normativo y legislativo, sin que se haya visto perturbado por el estado de emergencia sanitaria decretado en el país el pasado 20 de marzo para frenar la propagación del coronavirus.
Las dos leyes -que fueron aprobadas en enero y febrero pasados por unanimidad por las dos cámaras del Parlamento marroquí- han suscitado una gran preocupación en España y concretamente en Canarias por los eventuales solapamientos con el espacio marítimo español que supondría.
Con las dos normativas, Marruecos establece sus aguas territoriales en 12 millas, delimita su zona económica exclusiva en 200 millas, y decide ampliar su plataforma continental hasta 350 millas.
Con la normativa adoptada, Marruecos extiende su tutela jurídica sobre el espacio marítimo que incluye el Sahara Occidental hasta la ciudad de Lagüera y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia.
Marruecos ha insistido desde el comienzo de este proceso legislativo que no pretende imponer a España “hechos consumados”, y ha subrayado que la demarcación de la frontera marítima se hará de mutuo acuerdo con el país ibérico, conforme a la legislación internacional en vigor.
