La ministra ha explicado que esta prohibición se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) para realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.
El Consejo de Ministros también ha aprobado revisar de oficio todos los ERTEs que se están aprobando estos días para que, si se observa algún tipo de fraude, obligar a las empresas a devolver “hasta el último céntimo de euro” del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.
