“Un divorcio nunca es fácil, pero éste ha sido pactado y bien pactado”, aseguró allá por noviembre de 2018 un exultante secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano tras lograr cerrar “Acuerdo de Retirada” que establece las condiciones que deben regir en lo que se conoce como el “periodo transitorio” y cuatro acuerdos para “engrasar” las relaciones con España sobre Gibraltar.
Este periodo debía originalmente tener una duración de 20 meses, hasta diciembre del 2020, pero los continuos retrasos provocados por la indecisión del Reino Unido y las negativas del Parlamento británico a aceptar el acuerdo pactado por la entonces primera ministra Theresa May, han hecho que ese periodo quede reducido a once meses.
El plan es que, de aquí al 31 de diciembre, la UE y el Reino Unido acuerden las normas que regirán la relación en el futuro. Hasta entonces, el acuerdo establece que la legislación de la UE, incluida la libre circulación de personas y trabajadores, seguirá siendo de aplicación en el Reino Unido hasta el final del “periodo transitorio”.
Durante este periodo, los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido permanecerán inalterados, incluido el de poder viajar sin pasaporte o seguir recibiendo asistencia sanitaria en Gran Bretaña, al menos hasta diciembre del 2020.
Para aclarar las dudas de los ciudadanos españoles en territorio británico, la web del Ministerio de Exteriores publica un documento con las “preguntas frecuentes” con las dudas más comunes que puedan asaltar a los ciudadanos en estos meses y a partir del próximo sábado.
Además, la embajada española en el Reino Unido ha creado una “Ventanilla Única Brexit”, un servicio de asistencia con cita previa para resolver las dudas y ayudar con los procedimientos y trámites que faciliten la transición.
Muchas de las dudas más frecuentes no solo para ciudadanos, sino para empresas o instituciones también aparecen resueltas en la página “Preparados para el Brexit” de Presidencia del Gobierno que, si bien no ha sido actualizada en los últimos meses, incluye información detallada sobre asuntos como la residencia, la educación, las transacciones financieras y otros muchos asuntos cotidianos que se verán afectados.
Este Acuerdo de Retirada firmado por la UE y el Reino Unido incluye un “Protocolo” especial acordado en noviembre de 2018 que establece que cualquier futuro acuerdo entre ambos que afecte a Gibraltar deberá contar con el visto bueno previo de España, que mantiene así el derecho a veto sobre cualquier negociación futura en relación a este territorio.
A eso se suman cuatro memorándum, negociados y firmados por España y Reino Unido, que detallan cómo será el proceso de relación posterior entre España y Gibraltar en materias especialmente sensibles y conflictivas, o como explicó el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, “se trata de resolver los problemas reales de la gente”.
El todavía secretario de Estado para la Unión Europea destacó al momento de su firma que estos acuerdos ponen las bases para lograr una relación más “leal, abierta y equilibrada” entre España y Gibraltar y en ningún caso suponen la renuncia a ninguna de las reivindicaciones españolas, en especial la soberanía.
“España ha negociado con pragmatismo, realismo y propuestas muy concretas unos acuerdos que van despejando el camino para establecer la confianza necesaria para que se pueda negociar de todo en el futuro”, aseguró.
Así, el primero se refiere a los derechos de los ciudadanos, en especial de los cerca de 25.000 trabajadores transfronterizos, la mayoría de ellos españoles que viven en la zona del Campo de Gibraltar y trabajan en la roca.
Otro memorándum se centra en cuestiones de medio ambiente y establece por ejemplo que Gibraltar renuncia a la práctica de ganar terrenos al mar a base de bloques de hormigón, se compromete a instalar una depuradora y a dejar de tirar sus desechos al mar, y no pondrá problemas a la pesca y expediciones científicas en la zona.
Un tercer memorandum sobre cooperación policial y aduanera, y un cuarto informe detalla la voluntad de controlar el contrabando de tabaco avanzando en la homologación de los precios con el objetivo de acabar con una situación de privilegio que tiene serias consecuencias para la seguridad de la zona, especialmente por la aparición de redes de traficantes.
Además, España y el Reino Unido firmaron un acuerdo internacional en materia de fiscalidad, protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude y la evasión de impuestos en relación a Gibraltar.
Todas estas nuevas normas y acuerdos pretenden mitigar los efectos del brexit sobre todo para los cerca de 25.000 trabajadores transfronterizos y los miles de gibraltareños que tienen su residencia principal en España, además de los más de 7.000 coches y 350 camiones que cruzan semanalmente la frontera entre España y la colonia.
