CGT se opuso al acuerdo plenario porque “se sustenta básicamente en el grave hecho de penalizar a quienes por enfermedad o a quienes deben hacer uso de derechos laborales a permisos contemplados en convenio o normas estatutarias”.
Las partes contrarias que defienden el acuerdo y que se han personado son Ayuntamiento de Algeciras y los sindicatos CCOO, UGT y el sindicato de la Policía Local. Frente a ellos, CGT ha lamentado “que la ciudadanía de Algeciras tenga que pagar una cantidad superior a 600.000 euros por asistir al puesto de trabajo. Este tema se verá en la sentencia y todas ellas han pedido la expresa condena a costas a CGT”.
CGT invocó a través de su letrado “el derecho de todas las personas trabajadoras a no ser discriminadas en la retribución de un falso complemento de productividad, ya que no pude por su propia naturaleza ser general y sostenido en el tiempo”.
Por otro lado, lamenta que el letrado del Ayuntamiento argumentaba el derecho a recibir los 500 euros anuales para aquellos que “pudiendo no ir a trabajar van”.
“¿Qué trabajador pudiendo no ir a trabajar va? Porque según él los enfermos (siempre que no sean enfermedades profesionales) pueden decidir ir o no ir a trabajar. CGT defiende que cuando una persona está enferma no puede ser discriminada negativamente como absentista, porque realmente no puede ir a trabajar. Si alguien duda de la veracidad de los partes de baja que investigue y aclare el fraude, pero no criminalice a las personas trabajadoras que enferman” han señalado.
“Otro tanto ocurre con quienes pueden ejercer derechos a permisos, por los cuales se ha bregado tanto, para que el utilizarlos también sean criminalizados como absentistas y lo más absurdo del asunto es que todas las partes contrarias ligan a la presencia con la productividad, como si la realidad fuese esa”, añalden.
CGT invoca la evaluación objetiva del desempeño del trabajo realizado para evitar que “se sigan dando graciosamente a los propios, los complementos de productividad, de suerte que se instala un “amiguismo” inaceptable en el seno de la administración pública”.
