IAM/Redacción El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha intervenido hoy en el desayuno informativo organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, en el que ha defendido su propuesta de futuro de alcanzar una Estrategia Nacional de Justicia basada en la colaboración de todos los sectores para conseguir el modelo de Justicia ágil, cercana y de calidad que los españoles demandan.
El ministro de Justicia ha resaltado la labor legislativa del Gobierno que ha lanzado el mayor paquete de reformas en materia de Justicia que se recuerda en las cuatro últimas décadas, a la vez que ha reconocido que el modelo de Justicia actual reclama otras respuestas para un tiempo nuevo. La solución apunta a esa gran Estrategia que va más allá de un pacto y comprende un acuerdo nacional político, profesional y social que ofrezca soluciones estructurales.Catalá, que apuesta por un consenso amplio en el que basar una Justicia independiente y bien dotada para prestar un servicio público de calidad, ha concretado algunos de los aspectos necesarios para conseguirlo, como la consolidación de un Poder Judicial independiente. Para ello, ha planteado dos líneas de trabajo como son el establecimiento de un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial blindado a las interferencias políticas y la regulación de las puertas giratorias entre el mundo de la Justicia y la política.Para el ministro, la Justicia puede ser una palanca de crecimiento si ofrece garantías de estabilidad y seguridad, atrayendo de este modo la inversión, dinamizando la actividad y generando empleo. Así, las reformas emprendidas durante la última legislatura han demostrado cómo se puede llegar a liderar el crecimiento europeo, siendo España el país desarrollado que más crece en un entorno de deceleración mundial, según el Fondo Monetario Internacional.Igualmente, Rafael Catalá ha animado a seguir luchando por conseguir estabilidad, para lo que ve necesario una Justicia que garantice la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones y que estabilice un sistema en el que no haya espacios de impunidad para los corruptos. Si bien el ministro considera que nunca se había hecho tanto en España para combatir la corrupción, apunta a otra serie de medidas que podrían reforzar esa lucha, como prohibir el indulto a condenados por corrupción, reducir los aforamientos, regular los lobbies y especializar juzgados en delitos económicos y relacionados con la corrupción.El ministro ha expresado también su preocupación por el déficit histórico de recursos que arrastra la Administración de Justicia y que considera necesario corregir, si bien, señala, ya se han dado importantes pasos en esa dirección al incrementar los presupuestos o transformar tecnológicamente la Justicia.
Para Catalá, es preciso dotar a la Justicia de más medios, nuevos recursos y más tecnología y la Estrategia que propone puede ser un buen marco para reformular un nuevo modelo de planta judicial que optimice el trabajo, reforzar la apuesta por el arbitraje y mediación y realizar una revisión profunda, completa e integral de todo el sistema procesal.En esa dirección, el ministro propone algunas medidas como impulsar un nuevo Código Procesal Penal que otorgue al fiscal la dirección de la instrucción, definir un sistema de gestión procesal único para toda la Justicia española, regular el ejercicio de la acción colectiva o promover un procedimiento único para instrucción y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en supuestos especialmente graves.Asimismo, Rafael Catalá ha indicado la necesidad de que sean las personas y los colectivos más vulnerables quienes se encuentren en la cúspide de la nueva visión de la Justicia.
Así, aun teniendo en cuenta las reformas impulsadas en esta materia que han colocado nuestra legislación más cerca de la sociedad, el ministro propone continuar este camino desde la garantía de una Justicia gratuita y de calidad, que combata sin cuartel la violencia de género, amplíe la protección a los menores y convierta a España en referente mundial en la protección de los derechos ciudadanos mediante una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa.
