IAM/Redacción La operación anticorrupción que se desarrolla hoy en varias CCAA, tiene a Algeciras como parte del escenario de las investigaciones que la jueza Ayala realiza respecto a la empresa Fitonovo, adjudicataria de la construcción centro deportivo Bodyfactory y su parking en Algeciras en la pasada legislatura. El juzgado número 4 de Algeciras realiza también investigaciones tras una denuncia de UPyD respecto a ciertos servicios de mantenimiento del citado centro deportivo ya con el PP en el gobierno. Una redada anticorrupción por presuntos favores de funcionarios a cambio de mordidas deja ya 30 detenidos
Entre los detenidos figura el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y el responsable de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos PodioLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación en diferentes puntos de Andalucía, Canarias, Extremadura y Madrid contra la corrupción en la Administración Pública a nivel funcionarial. Se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor en la adjudicación de concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas.Por el momento, la OCU está haciendo registros en una veintena de ayuntamientos, entre ellos el ayuntamiento de La Carolina (Jaén). Además, ha sido detenido Carlos Podio, el encargado de dirigir el departamento del área de cohesión territorial de la Diputación de Sevilla. Fuentes de la operación aseguran que ya hay una treintena de detenidos en varias provincias andaluzas, entre ellos el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín.Asimismo, la jueza Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputado al exconcejal del PP Joaquín Peña, que ocupaba el cargo de director de Área de Medio Ambiente en el ayuntamiento de Sevilla. También están citados a declarar como imputados, de nuevo, los empresarios de Fitonovo.Se trata de la operación Enredadera, la tercera fase de la operación Madeja, que está dirigida por la jueza Mercedes Alaya, y en la que se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor o modificado contratos para adjudicar concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas. La operación se está llevando a cabo en Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura y Madrid.La operación Madeja la está llevando a cabo la misma unidad de la UCO que llevó a cabo la operación Púnica. De hecho es una operación policial que lucha también contra la corrupción en las administraciones públicas aunque en este caso a nivel funcionarial.Esta macrocausa ha estado casi año y medio declarada secreta. Comenzó a raíz de la investigación sobre el incremento patrimonial de Domingo Enrique Castaño, exasesor del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Castaño está en libertad bajo fianza de 60.000 euros. También está en libertad bajo fianza de 150.000 euros Francisco Amores, exjefe del servicio del área de medio ambiente del ayuntamiento hispalense y Luis Huertas, responsable del mantenimiento del parque de María Luisa en Sevilla.Entre las empresas investigadas Fitonovo y Fiverde cuyos dueños están imputados. Jose Antonio González Baro salió de la cárcel después de pagar una fianza de 250.000 euros. Fitonovo supuestamente disponía de contabilidad B en la que aparecerían los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esta contabilidad oculta incluye pagos realizados desde el año 2003 con los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.En la primera fase de la operación el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo admitió haber entregado a Domingo Enrique Castaño 30.000 euros y su hijo Gonzalez Baró declaró que pagó una comisión de 70.000 euros a cierta persona de IU antes de las elecciones. Entre marzo y abril de 2009 el ayuntamiento de Sevilla adjudicó obras a Fitonovo por valor de 8 millones de euros. Fue la segunda empresa más beneficiada por el plan B.Fitonovo también fue la adjudicataria de las obras de reforma del campo de fútbol de la Carolina, gobernado por el PP. Según González Baró, pagó una mordida de entre 15.000 y 20.000 euros. La jueza Alaya dice que Fitonovo pagó también comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Algeciras, en la anterior legislatura, por la construcción de un polideportivo y un aparcamiento.En Huelva, en la Palma del Condado, gobernado por el PP, la empresa supuestamente repartió mordidas por las obras de la piscina municipal
