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Un miembro del grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés permanece encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras en Cádiz desde el pasado 1 de junio
IAM|T.I.
Abdul Kadir de 28 años, de nacionalidad bangladeshí, había acudido durante unos días a Córdoba para trabajar en la Feria vendiendo flores y artículos de juguete. Allí fue detenido el pasado 30 de mayo en una de las ‘inexistentes’ (según la policía) identificaciones por discriminación racial o redadas racistas que se producen todos los días en el Estado español. El miembro de la Asamblea Popular de Lavapiés fue trasladado a una comisaría de Córdoba y por orden del magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba, Sr. D. Arturo Vicente Rueda, fue trasladado al CIE de Algeciras.Desde la Asamblea Popular de Lavapiés denuncian: “A la agresión brutal contra los derechos humanos, que es habitual ya en este tipo de prácticas de encierro, amedrentamiento, maltrato físico y psicológico por el único hecho de no disponer de los permisos reglamentarios, se le une la injusticia que significa que esta persona no pueda acudir a la cita para solicitar su permiso de residencia por arraigo social que tenía concedida en Madrid el próximo día 26 de junio. Esta cita, después de muchos meses de espera, iba a servirle para conseguir precisamente los documentos por los que ahora se le encierra en una cárcel.”Una vez conocida la sentencia del juez, sus compañeros del Grupo de Migración de Lavapiés le hicieron llegar al abogado de oficio el mencionado documento con la cita de arraigo de Abdul Kadir, el informe de arraigo positivo expedido por la Comunidad de Madrid, la propuesta de contrato de trabajo que iba a presentar el próximo día 26, así como los documentos de identidad de su hermano residente en Madrid y una relación exhaustiva de cursos, talleres y diplomas que fue realizando a lo largo de estos últimos años. Cada uno de esos documentos era más que suficiente para demostrar lo que según sus leyes se considera “arraigo” y que, según sus leyes también, hace innecesaria la medida excepcional del ingreso en un CIE.“Para nuestra sorpresa, el pasado 19 de junio hacia las 12:30, desde el juzgado nº2 de Córdoba comunicaron al abogado de oficio la desestimación de su recurso de reforma. Las argumentaciones esgrimidas en el auto, creemos que no son solo contrarias a derecho, sino contrarias a la dignidad humana, al sentido común y a la inteligencia de cualquier persona que se aproxime a este caso. Entre los párrafos de la sentencia, quisiéramos destacar por lo injusto esta frase:“No creemos que deba confundirse el arraigo en nuestro país (…) con el deseo de no ser expulsado”.Frente al discurso de policía, delegaciones del gobierno y Ministerio del Interior, que fomenta el prejuicio de que las personas encerradas en los CIE son delincuentes, el caso de nuestro compañero demuestra que los agentes de la autoridad están secuestrando en las calles y los jueces enviando a los CIE a trabajadores y trabajadoras perfectamente integradas y sin antecedentes penales. Tampoco tienen miramientos a la hora de encarcelar en esos centros de tortura a personas, como nuestro compañero, con contratos de trabajo pendientes de ejecutarse en el momento en que se regularicen sus permisos de residencia.Incluso dentro de las normas y requisitos de ‘integración’, bastante discriminatorios y racistas por cierto, que las personas migrantes tienen que demostrar en sus citas de arraigo social, nuestro compañero tiene la posibilidad de conseguir esta documentación si se les libera inmediatamente y se le permite volver a Madrid. Después de más de 4 años que lleva en España, sufriendo todo tipo de vejaciones diarias en la calle por su aspecto físico, trabajando en condiciones de explotación para un empresario sin escrúpulos o trabajando en ‘libertad’ como vendedor ambulante, opción esta última por la que es perseguido, multado, y también encerrado, Abdul Kadir tiene que soportar ahora un encarcelamiento que marcará sus vida.Desde el grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés pedimos la inmediata puesta en libertad de nuestro compañero, y el cierre de estos centros de tortura financiados y promovidos por la democracia.”Estos son los datos del Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba, donde interesarse por la situación de nuestro compañero C/ Historiador García Montero, s/n. C.P. 14940, Cabra (Córdoba). Teléfono/s : 957 50 69 53, 957 50 69 61 Fax: 957 50 69 56Estos los datos del CIE de Algeciras, donde Abdul Kadir permanece encerrado desde el pasado día 1 de junio.
