Para el edil son los representantes de estos partidos, José Ignacio Landaluce y Hermenegildo González, los que tienen que decir ante la opinión pública con qué criterio decidieron en su momento derribar las antiguas viviendas en lugar de proceder a su reparación, ya que hasta la fecha no tenemos constancia de que exista ningún documento elaborado por los técnicos que avale la demolición de los edificios.Hay que recordar que en aquellos años gobernaban esos dos partidos, los mismos que aún se siguen sorprendiendo por los costes derivados de la reconstrucción de las viviendas, algo incomprensible cuando en el consejo de administración de Emuviasa celebrado en diciembre de 2003, y del que formaba parte como consejero por el PP Luis Ángel Fernández, el gerente de la empresa presentó un informe en el que ya vaticinaba que esta promoción conllevaría unas perdidas de más de seis millones de euros, documento que fue aprobado por todos los asistentes, por lo que lo que ha dicho el señor Landaluce que se han falsificado documentos, además de ser absolutamente falso supone un ejercicio de desvergüenza política por lo que nos reservamos el derecho de emprender acciones legales en su contra si no rectifica de manera inmediata, recalca el delegado municipal de Vivienda.Martínez Fírvida también incide en el hecho de que en el año 2007 y siendo consejera de Emuviasa por el PP Juana Cid, se aprobó el incremento del presupuesto del proyecto en 3,2 millones de euros, pasando su coste de nueve a doce millones de euros, extremo éste que también fue aprobado por el Partido Popular, una formación política que siempre ha conocido fehacientemente todo lo relacionado con este proceso, costes, problemas, plazos, cambios y cualquier otro extremo, a través de la documentación que siempre le ha remitido Emuviasa, por lo que no entiendo a qué viene ahora mostrarse sorprendido su portavoz.Finalmente, el concejal quiere hacer llegar a la opinión pública un hecho que toda la ciudadanía debe conocer, y es que la decisión de PA y PP de crear Emuviasa como empresa mixta y no como sociedad pública al cien por cien para dar cabida en ella a la FAVA, le ha costado al Ayuntamiento 1,1 millones de euros en concepto de impuestos, que de otra manera no hubiese tenido que abonar.