La Fiscalía ha retirado los cargos por falta de imprudencia y ha solicitado la absolución del guardia civil juzgado en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial implicado en la muerte de un marroquí, Bilal Argaz, que ocurrió el 17 de mayo de 2008 en el puerto de Algeciras.
Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el guardia civil que tuvo una denuncia de un particular en la que decía que había sido amenazado por el conductor de un vehículo mostrándole una pistola.
Así, según relató, la Guardia Civil del Puerto de Algeciras avistó al vehículo y le dio el alto, aunque el vehículo comenzó a huir por el interior del recinto portuario, haciendo zig zag. Posteriormente, al pasar por el puesto central, arrolló a un agente que pretendía que parase.
Finalmente, el agente realizó varios disparos, de los que uno fue al aire, otro en el suelo, un tercero en una rueda y el cuarto lo hizo en dirección a la rueda, aunque traspasó el asiento del conductor y alcanzó a uno de los que viajaban, que falleció.
Este mismo relato fue realizado por otros dos agentes que acompañaban al acusado el día de los hechos. Por otra parte, uno de los que viajaban en el vehículo aseguró que le decían al fallecido que parase el coche y no hacía caso, llegando incluso otro de los ocupantes a tirar del freno de mano.
Por su parte, el perito que hizo las pruebas de balística, funcionario de la Policía Nacional de Criminalística, indicó que el impacto que alcanzó al fallecido entró por la parte trasera del vehículo y señaló que un disparo hecho en situación de tensión y con el vehículo en movimiento puede variar la trayectoria.
Por todo ello, la Fiscalía ha retirado su acusación y ha solicitado la absolución al entender que los hechos se han producido con ocasión del ejercicio de la profesión de Guardia Civil y que fue el fallecido quien causó el riesgo.
Por contra, la acusación particular, personada en nombre de la familia, ha solicitado cuatro años de prisión como autor de un delito de imprudencia, así como una indemnización a la familia de 482.000 euros, ya que estima que no debió de hacer uso del arma y que medió imprudencia grave.
