TCAM-LOS BARRIOS/REDACCIÓN
Tras ratificarse hace unas semanas la denuncia presentada por los socialistas el 16 de marzo, hoy, a partir de las 11.00 horas, prestarán declaración en los Juzgados de Algeciras el particular con el que Romero realizó la operación económica, además de la Interventora y el Tesorero del Ayuntamiento, que emitieron un informe desfavorable de la actuación de Romero en el que le advertían de las numerosas irregularidades que se podrían cometer con la operación.
Por su parte, el primer edil barreño declarará el próximo 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras como imputado por Prevaricación, Malversación de Fondos y Exacciones Legales.
El PSOE de Los Barrios muestra su satisfacción por el inicio del proceso judicial abierto por la operación encubierta de tesorería realizada por Jorge Romero como alcalde de Los Barrios, el pasado 30 de diciembre de 2011. Los socialistas barreños esperan que con estas acciones judiciales “se terminen depurando responsabilidades por haber realizado una operación económica irregular, arbitraria y claramente perjudicial para el interés público del Ayuntamiento de Los Barrios, además de poder conocer todos los detalles del caso que el señor Romero se empeña en esconder”.
En su denuncia, presentada el pasado 16 de marzo, los socialistas barreños acusaron al alcalde de llevar a cabo una operación económica, simulando supuesto contrato de factoring, con el que obtener dinero en préstamo de un particular. El prestamista privado compró los derechos de cobro de 1’5 millones de euros que la Diputación de Cádiz adelanta al ayuntamiento a cambio un pagaré con fecha de vencimiento de 1 de Abril de 2012 por el particular obtenía un beneficio de 103.544,33 euros en tres meses, un abusivo interés del 28% interanual.
El PSOE apunta en la denuncia todas las irregularidades que se han podido producir basándose precisamente en los propios informes desfavorables la Intervención y Tesorería municipal. Cabe recordar que, entre otras advertencias, los funcionarios Habilitados detallaron textualmente que no se trataba realmente de un contrato de factoring, sino que “de una operación de Tesorería encubierta”.
Según los hechos denunciados, la actuación del Alcalde puede ser constitutiva de un delito de Prevaricación, que llevaría aparejada una pena de inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público por un periodo de 7 a 10 años, un posible delito de Malversación de Fondos y otro de Exacciones Legales al simular un contrato, que puede conllevar una condena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación por un periodo de 6 a 10 años.
