En este país es complicado poner en pared la pandemia de la corrupción. No entiendo por qué no somos capaces de reducirla al mínimo inevitable como en otros países europeos. ¿Qué nos pasa?
Transparencia Internacional otorgaba en 2024 a España 56 puntos sobre 100 del índice de percepción de la corrupción española. Un aprobado justito. Sin embargo, empeoraba seis puntos con respecto al año anterior. Y es probable que ese índice vuelva a empeorar en el balance de este año después de los últimos estallidos.
La corrupción debe ser un problema prioritario para nuestra democracia. La manera de luchar contra ella deber ser un elemento fundamental. Debe darse prioridad a detectarla y juzgarla lo más rápidamente posible. El problema en nuestro país es que se tarda demasiado. Resulta chocante que, una vez que se detectan los casos de corrupción, se tarde veinte años en resolverlos.
El otro gran problema es la desconfianza en la política. Muchas veces se desconfía de los partidos, pero también de las instituciones, que es lo más preocupante. Si volvemos al índice de transparencia y a la percepción de la corrupción, vemos que está vinculada a la desconfianza. Así que, tendríamos que preguntarnos qué provoca esa desconfianza porque acaba traduciéndose en unos votos preocupantes en las elecciones.
Habría que hacer algo más en la legislación española para prevenir la corrupción. La legislación actual no es mala y permite perseguir la corrupción, pero siempre se puede perfeccionar, sobre todo, para detectar los casos de corrupción en la administración, ya sea en concursos públicos estatales o autonómicos, con mecanismos que garanticen la limpieza de esos procesos.
Está comprobado que la justicia española no tiene los medios suficientes ni capacidad para investigar y sentenciar los casos de corrupción con más rapidez. Si miramos ahora las listas de casos de corrupción pendientes de resolución se nos cae el alma a los pies, hay casos que llevan 15 años dando vueltas de un juzgado a otro, y de un juez que se jubila a otro que llega. Es evidente que los mecanismos de la Justicia funcionan mal.
Pero hay otra corrupción que no escandaliza tanto como el enchufismo, los fraudes, la fragmentación de contratos más o menos justificados, las malversaciones de más calibre o menos. Eso también es corrupción, aunque digan que es una cuestión cultural. Hablamos del ciudadano que prefiere pagar sin IVA o el cargo público que acaba en casos que parecerían de los años ochenta pero que vuelven a producirse hoy.
Sobre la cuestión cultural, es completamente cierto que puede existir un “si no pagas el IVA mejor”, pero eso pasa aquí y en Italia, Francia… no es un problema cultural español que la gente quiera escaquearse por decirlo de alguna manera. Ciertamente la administración no funciona con los niveles de transparencia que debería funcionar. Y eso si que es lamentable.
Pienso que igual que a veces hablamos de la necesidad de alfabetizar para que la gente entienda cómo funcionan los medios, también habría que explicar a la ciudadanía cómo funciona la administración y qué cosas están bien y qué cosas no. No sé por qué se está imponiendo más la educación en asuntos financieros que en justicia fiscal o en la importancia de lo colectivo o de cómo contribuir a los bienes públicos.
Tengo claro que la corrupción es un problema en democracia, pero también, y sobre todo, un rasgo de los autoritarismos. En democracia podemos reaccionar, podemos denunciar y debemos mejorar los resortes contra la corrupción hasta conseguir unos mínimos inevitables
