El Tribunal Constitucional ha ordenado la reapertura de la causa por la muerte, en extrañas circunstancias, de Daniel Jiménez, un detenido de etnia gitana que murió el 1 de junio de 2020 mientras se encontraba arrestado en los calabozos de la comisaría de Algeciras.
En tal medida, estima el recuerdo presentado por la familia y por la Asociación de Juristas Gitanos, que ejerce la acusación popular, contra el archivo de las diligencias, acordado por la Audiencia de Cádiz que desestimó el recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras. La Audiencia ratificó que no se apreció falta de diligencia en los policías que custodiaban los calabozos para evitar lo que entonces se consideró como un suicidio por ahogamiento en la celda, tras haber sido detenido por un presunto delito de violencia de género.
Sin embargo, la Sala Segunda del Constitucional ha dictado una sentencia por unanimidad que afirma que la investigación no fue «suficiente y eficaz», por cuanto se dejaran de practicar durante la instrucción diligencias indagatorias propuestas en tiempo y forma por la familia y la Asociación de Juristas Gitanos, que podían resultar adecuadas para el mejor esclarecimiento del suceso.
En particular, para determinar si el riesgo de suicidio del detenido era real e inmediato y si los agentes de policía encargados de su custodia hicieron cuanto era posible para evitar que ese riesgo se materializase o incurrieron en algún tipo de responsabilidad por los hechos investigados.
Por ello, el Constitucional anula las resoluciones impugnadas y ordena la reapertura de la causa, a fin de que el juez instructor lleve a cabo la práctica de las diligencias indagatorias necesarias para satisfacer la exigencia constitucional de una investigación judicial eficaz y suficiente, en un suceso tan grave como es la muerte violenta de un detenido en dependencias policiales.
Daniel Jiménez, que entonces tenía 39 años, falleció horas después de ser detenido como presunto autor de un delito de violencia de género, tras haber agredido supuestamente a su expareja en la Playa de la Concha. La familia puso en duda la versión policial de que se había suicidado ahorcándose con los jirones de una manta que había atado a uno de los barrotes verticales de la celda y aseguró que, horas antes de ser hallado muerto, había hablado por teléfono con su padre y le había dicho que estaba bien y que iba a ser puesto en libertad a la mañana siguiente.
Juristas Gitanos reveló, además, que sus sospechas se avivaron cuando durante el examen forense apareció «un guante de látex en la cavidad gástrica del fallecido». La entidad criticó que el juzgado instructor «no consintió, por ejemplo, pruebas tan básicas y necesarias como la toma de declaración de los policías que custodiaban a Daniel, ni de los otros detenidos que se encontraban en comisaría al momento de los hechos, ni del médico forense».
La muerte se produjo cuatro meses después de que en la misma comisaría muriera, ahorcado de la misma forma Imad Eraffali, un joven marroquí de 23 años que había sido detenido por no tener en regla la documentación que acreditase que estaba legalmente en España, un caso cuya investigación también fue archivada.
