Los abogados piden en Algeciras descomarcalizar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Un comentario

1. Se ha hablado mucho de padres a quien muchos no le quieren entregar a sus hijos, pese a tener una sentencia judicial a su favor, porque se conformaron en su día con aceptar una condena por violencia doméstica, o por violencia de género.

   Independientemente del fondo de la cuestión, la realidad es que, desde instituciones y grupos de presión mediática y política, se está haciendo un llamamiento a desobedecer a los jueces y, creo que esto va representar un antes y un después del estado de derecho.

   Hace unos años se viene incentivando el mecanismo de las sentencias de conformidad en nuestro país. De hecho, aunque no hay muchas estadísticas sobre ello, se suele usar mucho este tipo de mecanismo judicial en los delitos más comunes que existen en nuestro país: Los delitos que tienen que ver con el tráfico, tanto en los delitos cometidos con vehículos, como los cometidos en el tráfico de drogas.

   Se suele explicar que las sentencias de conformidad funcionan de esta forma:

   Una persona es acusada por el fiscal por determinado delito y se le pide una condena conforme a ley de 6 años de prisión, más las penas accesorias (no poder votar, por ejemplo).

   La persona, debidamente asesorada por su abogado, sopesa las posibilidades de poder salir absuelta en el juicio, valorando las pruebas que posea en su contra y a su favor. Tras valorar que no hay más remedio que reconocer la comisión del delito, como en los delitos de conducir bajo efectos del alcohol o de seguridad en el tráfico.

   En estos casos suelen existir pruebas objetivas de la culpabilidad del acusado, como son la prueba de alcoholemia y el informe policial.

   La persona acusada suele aceptar la responsabilidad penal del acto delictivo cometido con una rebaja de un tercio de la pena, como contraprestación.

   En realidad, se produce una negociación, o mediación, entre la fiscalía y el abogado de la persona acusada.

   Incluso, hasta tanto llega el juicio, el abogado de la persona acusada tiene a su disposición toda la información sobre el caso, además de una oficina de la Fiscalía donde puede negociar un acuerdo, en el que la Fiscalía cede en su petición de condena con una rebaja sustancial o no de la condena, a cambio de que el acusado reconozca su delito, evitando así los gastos ingentes que cuesta un juicio en todas sus fases posteriores.

   El ahorro para la administración en recursos, en tiempo y en dinero, es muy importante, aunque nadie ha hecho aún un estudio sobre su coste real.

   No debemos olvidar que la propia Fiscalía General del Estado en su informe MemFis, reconoció que las sentencias de conformidad eran un auténtico “balón de oxígeno” para las fiscalías, que de esta forma se ahorraban muchas horas de trabajo.

   Para los abogados el ahorro de trabajo es también inmenso.

   Como decimos, las personas acusadas de un delito y sus abogados, tienen un tiempo de reflexión para llegar a este tipo de acuerdos y dar su conformidad o decidir ir a juicio. Se posee, por tanto, de un tiempo prudencial para poder valorar todas las consecuencias que conlleva el aceptar una condena, aunque ésta sea de menor grado.

   Se puede estudiar, no sólo la pena de prisión y las multas a pagar, sino valorar el resto de penas accesorias, como pueden ser el tiempo de duración de la retirada del carnet de conducir o valorar económicamente la condena de las costas del juicio.

   DETENCIONES «POR SI ACASO»
   Creemos que este tipo de herramienta está siendo muy eficaz y positiva, pero existe una excepción, y es cuando esta herramienta se comienza a usar en los llamados juicios rápidos.

   Se introdujeron en 2002 este tipo de juicios rápidos, en los que una persona acusada de un delito, tras ser detenida, se le pasa a un juicio inmediato, y es el propio juez de instrucción o el que lleva la investigación, quien dicta la sentencia de conformidad.

   No debemos olvidar que se pueden celebrar estos juicios rápidos (por delitos de lesiones, amenazas, coacciones etc.) dentro de la categoría de lo que se considera maltrato de un hombre a una mujer.

   Esto no es aplicable nunca cuando la mujer es la maltratadora, o cuando el hombre o mujer que son acusados de maltrato son homosexuales, transexuales o de cualquier otra identidad de género y/u orientación sexual.

   En los casos en que un hombre es acusado de maltrato, en cualquiera de sus formas, a una mujer con la que ha tenido una relación similar a una pareja (basta que hayan salido un par de veces), normalmente el hombre es detenido sin que la policía compruebe la comisión del delito de forma legal.

   El 90% de las detenciones de hombres acusados de maltrato, según los protocolos de la policía, se suelen hacer “por si acaso”.

   Esto es, que sin hacer las comprobaciones que exige la ley, se detiene sin más prueba que la denuncia de la presunta víctima.

   Se hace una valoración policial de riesgo (VPR) basada sólo en lo que la denunciante alega y dice.

   Es como si hiciéramos una valoración de riesgo bancario, sólo con lo que opina y dice un banco.

   MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS POLICIALES
   Muchos policías y guardias civiles y algunos de sus mandos, me han confesado que se les exige detener por si acaso, pero sobre todo por necesidades políticas de subir estadísticas, ya que incluso a más detenciones, sus sueldos (los de los jefes) aumentan a través del concepto de la productividad.

   La persecución de la obtención de mejorar el rendimiento y las estadísticas de la policía, es mucho más importante que la presunción de inocencia o la seguridad de la presunta víctima.

   Recordemos el escándalo que se produjo en la Unión Europea, cuando se tuvo conocimiento de las instrucciones del Ministerio del Interior en la época del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y se descubrió que, para poder mejorar los datos estadísticos de la eficacia policial en España, se habían dado instrucciones de detener a toda persona con rasgos árabes, latinos o subsaharianos.

   La perversión del Estado de derecho en estos casos es patente y oprobia.

   La perversión del sistema de la vulneración de los derechos humanos en España, viene a raíz de que la ley aprobada hace años por los políticos, encarga la instrucción de una parte inicial de los juicios de determinados delitos, a la policía y a la guardia civil, los cuales llegan incluso a determinar el tipo de delito.

   Sí, en mi opinión, en la fase de investigación se le dan poderes absolutos a los policías y guardias civiles, sin control judicial alguno, que pueda controlar la posible vulneración de derechos fundamentales y humanos.

   Este control judicial siempre se hace a posteriori en el caso de que se utilice el habeas corpus (derecho a ser puesto a disposición judicial de inmediato) y, además, éste sea admitido.

   Pero el sistema de protección de derechos, se prostituye mucho más si cabe, cuando las leyes dan al testimonio de un policía un poder absoluto de ser la verdad objetiva.

   Esto es, que para evitar denuncias por vulneración de derechos humanos en España, lo que hacen los políticos es dar un poder absoluto a lo que un policía o guardia civil pone en un atestado o diligencia, y es el ciudadano, aquél que siente que se han vulnerado sus derechos en su detención, el que debe demostrar que el policía miente o falta a la verdad.

   No sé, pero me parece que estoy escribiendo sobre la historia de la Inquisición, pero no, estoy hablando de la España de 2017.

   Como todo este tipo de procesos se han “normalizado”, la gente no lo vive como una vulneración de sus derechos humanos.

   Es como en Alemania en el siglo pasado, la población alemana terminó aceptando como algo natural que la SS viniera por sus vecinos para llevárselos a un campo de concentración.

   Imaginad ahora que tenéis un hermano, un hijo o un amigo, al que una mujer con la que salió hace un tiempo o que es o ha sido su pareja, le denuncia por supuestos malos tratos.

   Esté donde esté tu amigo, hermano o tu hijo, es detenido por un número superior a 5 policías que, delante de sus compañeros de trabajo, en su casa, delante de sus hijos o en cualquier otra circunstancia, es detenido, esposado y se lo llevan en el coche-patrulla a la comisaría.

   Lo meten en un calabozo y hasta que no llegue su abogado o el abogado de oficio (pueden pasar varias horas), no le informan de por qué está detenido y cuáles son los hechos de los que se le acusa.

   Los abogados tienen derecho y obligación de estudiar las diligencias policiales escritas, y a informar al detenido de todo ello, aconsejarle y asesorarle jurídicamente de sus derechos y de lo que debería hacer o no hacer.

   Una vez se ha practicado la declaración del detenido, éste debe pasar a disposición judicial de inmediato.

   Pero esto no ocurre así, ya que la policía no tiene medios, o el juzgado no tiene medios, o está cerrado pese a estar de guardia.

   INTERROGADO EN CONDICIONES DEPLORABLES
   En muchos casos se demora la entrega del detenido al Juzgado. Y, como muchas denuncias de malos tratos se presentan los viernes por la tarde-noche, el detenido no pasa a disposición judicial hasta el lunes. O sea, que el hombre detenido de esta forma, pasa tres días (máximo permitido) en un calabozo.

   Después de estos días en los que no se ha podido cambiar de ropa ni asearse, y en el que la comida que le dan son bocadillos y café de máquinas expendedoras, pasa al juzgado.

   Y en este estado es como lo ve el juez que lo atenderá.

   Lo verá con ropa sucia, arrugada, con barba, ojeras y despeinado. Oliendo incluso mal. Esto es tan así que, en los Juzgados, estos hombres tienen una silla “especial” (mente sucia) en la que se sientan para declarar, e incluso tienen un bolígrafo especial (mente manchado y sucio) para firmar sus declaraciones.

   Todo es un proceso automático: Se le ponen delante muchos papeles para que los firme. El abogado siempre le dice: firma aquí y aquí y aquí.

   Aunque pudieran leerlos, no entenderían casi nada de lo que pone, porque son modelos judiciales, que suelen estar escritos en un lenguaje jurídico.

   El detenido no sabe qué está pasando.

   Pero su abogado, que le ha dicho que está allí para ayudarle, le dice que se tranquilice. Tras una breve charla en la que el abogado le informa de qué hechos delictivos se le acusa, se procede a tomarle declaración.

   Se le acusa de amenazar de muerte a su mujer o de haberla empujado en la cocina en una discusión.

   A LA SUPUESTA VÍCTIMA SIEMPRE SE LE DA LA PRESUNCIÓN DE DECIR LA VERDAD
   El hombre acusado de esto, tras los tres días que lleva vividos, salta como un resorte diciendo que es mentira todo eso.

   Pero allí se le da a entender que la mujer ha dicho la verdad, porque a la supuesta víctima siempre se le da la presunción de decir la verdad, sólo porque se le ha advertido en un papel que si miente puede cometer un delito de falso testimonio.

   El hombre agacha la cabeza y piensa…, y alega que no la empujó sino que ella, mientras discutían, no le dejaba salir de la cocina y el la apartó para poder salir.

   Él reconoce que ella se metió con su familia con insultos varios, y que él le respondió de la misma forma.

   Lo que no sabe tu amigo, tu hermano o tu hijo es que al decir esto, está reconociendo el delito de maltrato.

   En los derechos humanos de un hombre en España, hoy día, ha desaparecido el derecho a la legítima defensa en una discusión con su pareja. Todo porque lo dice el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004.

   Un hombre que agrede a una mujer que es o ha sido su pareja, verbalmente o físicamente, es un maltratador, incluso cuando es en legítima defensa.

   No importa que ella le amenace con quitarle a los hijos o le amenace con echarlo de casa, o de que le va a quitar su sueldo pidiendo una pensión en el Juzgado. Nada de eso es delito.

   Además, basta que la mujer diga que tenía un cuchillo en la mano (por ejemplo) porque le tenía miedo a su pareja-hombre-denunciado, para que todo el mundo “comprenda” que ella es una mujer maltratada.

   Así funciona la cosa.

   Bueno, tras toda la tramitación burocrática del asunto en el juzgado, éste puede adoptar una orden de protección, en la que, de forma inmediata, se decide (o no) prohibir al hombre denunciado acercarse a su pareja y ponerse en contacto con ella por cualquier medio o a través de terceros.

   Además, si hay hijos, se decide que él se tiene que ir de su casa con lo puesto, podrá o no ir a ver a sus hijos de visitas, y deberá pagar tanto o cuanto dinero de pensión a quien le ha denunciado.

   Es aquí donde se decide si se pasa a juicio rápido o no. Si no hay que practicar más pruebas y el juez considera que hay pruebas suficientes para ir a juicio, se va de inmediato y se le ofrece al detenido llegar a un acuerdo de sentencia condenatoria de conformidad.

   He visto a abogados de oficio aconsejar firmar la conformidad, pese a que no había ni una sola prueba en contra de su defendido.

   Se le suele decir a estas personas que están pasando por todo esto, que si van a juicio se juegan entrar en prisión de 2 a 3 años, pero que, si se conforman con 8 meses y reconocen los hechos, se pueden ir a casa, volver a su trabajo, etc. ya que, al ser la pena menor de 2 años, no ingresarán en prisión.

   Se sustituye la pena con trabajos para la comunidad, o un curso para maltratadores.

   Cuando una persona ve que todo el sistema se ha puesto en contra tuya, sabiendo y sintiendo que no ha hecho nada malo, suelen aceptar un mal menor ante el miedo de enfrentarse más adelante, al sistema que te ha privado de tu libertad de forma tan contundente y sin pruebas.

   Los hombres suelen ser muy resolutivos y quieren soluciones inmediatas a sus problemas, y esta característica les hace aceptar lo inaceptable, como es reconocer ser un delincuente, con tal de salir de allí lo antes posible.

   Además, el sistema se aprovecha de la bondad que poseen muchos hombres, que creen que todo esto no es nada y que no tiene graves consecuencias y que solo es una “rabieta” de su pareja y que se reconciliaran como hacían siempre, tras una discusión.

   Muchos abogados poseen una formación muy mediocre o casi nula en la defensa de los derechos humanos, y apenas informan a los detenidos en estos casos, sobre el qué consiste realmente, aceptar una condena de conformidad. Perder a sus hijos, su familia, su hogar y una parte muy sustancial de su sueldo.

   Según los datos que hemos extraído de una encuesta en nuestro despacho, a hombres que llegaron a nosotros con una sentencia de conformidad, apenas unas semanas después de ello, nos encontramos con que 9 de cada 10 estaban arrepentidos de haber firmado aquella conformidad y 10 de cada 10 se sintieron engañados por su abogado de oficio o se sintieron intimidados por el sistema judicial.

   Casi la totalidad de los encuestados (104 en dos años) se quejaban de que no se les había informado de las consecuencias legales (penales y civiles) que tendría en sus vidas el hecho de firmar aquella conformidad.

   45 perdieron sus trabajos, por tener que ir a cursos de rehabilitación o ir a trabajos comunitarios en horas de trabajo, y por ese motivo (estigma de estar condenado por maltratar a una mujer), sus jefes los despedían.

   Otros se quejaban de que no podían andar libres, que iban por la calle con miedo a encontrarse con la mujer que lo denunció.

   Y que, si se la encontraba por casualidad, sería detenido por quebrantamiento de la pena de alejamiento. Otros no pudieron vivir en el mismo pueblo, o dejar de ir a visitar a sus familiares que vivían cerca de sus ex parejas.

   Otros, sólo podían ver a sus hijos en un punto de encuentro en una habitación de 6 metros cuadrados. Casi todos los que tenían hijos, se quejaban de que apenas podían ver a sus hijos, y de que, además, la madre les hablaba mal de él, y éstos empezaban a rechazarlos.

   Si tu hijo se entera de que tú has aceptado reconocer que estás condenado (sentencia de conformidad) por maltratar a su madre

   ¿Cómo esperas que reaccionará?

   Todo esto viene porque la ley exige que antes de dar la conformidad aceptando una pena más baja por malos tratos, el detenido o el acusado, tiene unos derechos que casi nunca se cumplen.

   La abogada Marta Segura García-Consuegra, afirma que “Muchas veces el acusado no es consciente ni sabe qué consecuencias tiene ese acuerdo. Es habitual que un cliente diga “me detuvieron y al día siguiente fui al juzgado pero todo quedó en nada ya que me fui a casa ese mismo día”, desconociendo que la conformidad significa la imposición de una pena y que consten antecedentes penales y policiales para siempre”.

   Debemos recordar que los antecedentes policiales y judiciales en España, nunca se borran de los ordenadores, aunque estén cancelados. Porque una cosa es cancelar y otra borrar.

   Un ciudadano debe pedir expresamente que se cancelen los datos que tenga la policía o la justicia sobre él, y esto es fácil.

   Pero si un ciudadano pide que se borren todos los datos de los ordenadores de la policía y de la Justicia que tengan sobre él, normalmente, tendrá que acudir a un contencioso administrativo para lograrlo. Ya sabemos que cancelar no es borrar. Para saber más, debes investigar sobre el derecho al olvido.

   Veamos dónde están los fallos del sistema:

   El juez debe obligar a la fiscalía a emitir un escrito de acusación. Para que quede constancia de ésta. En este caso es cuando se puede empezar a negociar una conformidad. No vale y es nulo que se negocie sin tener en la mano el escrito de la acusación.

   Pero los abogados lo hacen por falta de formación.

   En los juicios rápidos (artículo 801 de la LECRIM), la conformidad del acusado con la acusación del Ministerio Fiscal, debe mostrarse en el mismo acto de presentación de su escrito, en aquellos casos en que no exista acusación particular, o en el escrito de defensa de la parte cuando dicha acusación particular esté personada.

   Para negociar una conformidad, los fiscales sólo pueden rebajar la pena un tercio y no más, pero esto no se está haciendo. Se suelen pedir condenas muy graves para coaccionar al acusado más fácilmente.

   CONOCER Y COMPRENDER
   ¿Cómo es posible que existan casos en que se piden inicialmente hasta dos años de prisión, lleguen a acuerdos de condenas de 3 meses? Lo habitual. Cualquier hombre que ha aceptado una conformidad en estos casos, puede decir que esto es así.

   La ley exige que cuando un acusado da la conformidad reconociendo haber cometido un delito aceptando la pena que se ha rebajado, este acto de voluntad debe ser:

   1º.- Un acto jurídico voluntario y espontáneo

   2º.- No debe estar sometido a presión alguna, ya que viciaría su consentimiento.

   3º.- No debe existir una inducción a la conformidad mediante ningún género de amenazas, coacciones, etc.

   4º.- debe estar informado de “todas” las consecuencias legales de su conformidad.

   Por ello, una vez que el acusado accede a dar su consentimiento a una sentencia de conformidad, el juez o tribunal, debe informar al acusado de las consecuencias de su decisión y, tras ello, pedirle que manifieste si presta su conformidad (artículo 787.4 de la LECRIM).

   Es muy importante que el acusado “debe conocer y comprender” las consecuencias de la conformidad, y el juzgador debe controlar que conoce y comprende la acusación con la que se conforma y sus consecuencias, sobre las que le deberá informar el Letrado de la Administración de Justicia (artículo 787.4)

   Por ejemplo, debe ser informado de:

   1º.-Que está renunciando a su defensa en el juicio oral

   2º.- Que está renunciando a su derecho a no declarar contra sí mismo

   3º.- Que renuncia a su derecho a no confesarse culpable

   4º.- Que renuncia a la presunción de inocencia

   5º.- Y que acepta la pena que se le va a imponer con todas sus accesorias y consecuencias.

   Es necesario recordar que si el juez alberga «dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio» (artículo 787.4 de la LECri.)

   Según la Jurisprudencia, las conformidades deben ser absoluta, expresa y personalísima, voluntaria, formal y de doble garantía (sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 1 de marzo de 1.988).

   Así se exige que:

   1º.- La manifestación del acusado ha de recaer sobre el contenido íntegro de la calificación acusatoria, pues al escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad se refieren los artículos 655 y 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), es decir, la conformidad se extiende tanto a los hechos, como a su configuración jurídica y a la pena en su concreta naturaleza y medida, sin limitación de clase alguna.

   El carácter absoluto de la conformidad impide que se someta a cualquier género de condición, plazo o término, salvo en lo que se refiere a la responsabilidad civil. Por lo tanto, no es posible condicionar la conformidad a la suspensión de la ejecución de la pena o a cualquier otro límite o condición, pues en este caso debe continuarse el juicio oral.

   2º.- La conformidad ha de ser expresa, lo que impide admitir que se manifieste o deduzca de forma tácita o implícita y exige una categórica afirmación de la misma por parte del acusado. Porque el carácter personalísimo de la conformidad no permite que se realice por medio de mandatario, representante o intermediario, ni siquiera provistos de poder especial; y menos aún, dejarse al arbitrio de un tercero.

   Por esta razón, el artículo 655 LECRIM señala la previa ratificación del procesado en la conformidad, y el artículo 784.3 LECRIM dispone que el escrito de defensa donde se exprese la conformidad sea «firmado también por el acusado»; o en el artículo 787.1 LECRIM la defensa podrá pedir que se proceda a dictar sentencia de conformidad «con la conformidad del acusado presente».

   Esta exigencia de la intervención personal y directa del acusado es debida al propio carácter de los derechos procesales a los que se renuncia y de la responsabilidad criminal que se acepta, que son de su exclusiva titularidad.

   3º.- La conformidad ha de ser prestada voluntariamente. La conformidad debe prestarse libre y voluntariamente, lo que significa, de un lado, que el acusado ha de tener pleno conocimiento de las consecuencias de su acto, comprendiendo debidamente la naturaleza de la acusación y los derechos a los que está renunciando; de otro lado, supone que ese acto procesal no puede haber sido inducido mediante coacciones, amenazas, engaños, etc., de modo que podrá revocarse e invalidarse por vicios del consentimiento, evitando precisamente que el acusado se vea condenado cuando su conformidad adolezca de ignorancia, error, violencia o dolo.

   Las garantías de la voluntariedad se concretan tanto en la necesaria concurrencia de la manifestación del acusado junto con la de su defensor; como en que se ha de prestar ante el juez, quien debe oír «al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias» (artículo 787.2 LECRIM); como en deber del Letrado de la Administración de justicia de informar al acusado sobre las consecuencias de la conformidad antes de que éste la haya prestado (artículo 787.4 LECRIM).

   De todos modos, si se hubiera dado algún vicio en la voluntad del acusado cuando expresó su conformidad, la ineficacia del acto viciado podría hacerse valer directamente ante el sentenciador, si se descubre previamente a que se dicte la sentencia; si no fuera así, podrá hacerse valer por vía de recurso contra la sentencia, sea ante la Audiencia o ante la Sala Penal del Tribunal Supremo; si se descubriera en un momento posterior se podrá plantear un proceso de revisión de la sentencia firme cuyo contenido hubiera venido determinado por algún vicio de la voluntad (artículo 954.1.a de la LECRIM).

   4º.- La conformidad representa un acto formal, debe reunir las solemnidades requeridas por la ley para cada uno de los momentos procesales en que puede manifestarse, formalidades que son de estricta observancia en cuanto incorporan las garantías esenciales de tan trascendente acto procesal.

   Por tanto, el procedimiento que rodea a la prestación de la conformidad ha de ser estrictamente observado, so pena de viciar de nulidad el acto.

   5º.- La conformidad es un acto de doble garantía, pues en todos los casos ha de manifestarse concurrentemente las voluntades del acusado y de su abogado defensor, de modo que no basta la declaración del acusado si no va acompañada de la de su letrado en el mismo sentido, de modo que si éste considera necesaria la continuación del juicio el juez podrá ordenarla no obstante la conformidad del acusado (artículos 694 y 787.4.II LECRIM).

   Es todo caso, dicha conformidad, como dice la STS de 1 de marzo de 1988, “resumiendo la doctrina de esta Sala, para que surta sus efectos, ha de ser necesariamente «absoluta», es decir, no supeditada a condición, plazo o limitación de cosa alguna; «personalísima», o, dimanante de los propios acusados o ratificada por ellos personalmente y no por medio de mandatario, representante o intermediario; «voluntaria», esto es, consciente y libre; «formal», pues debe reunir las solemnidades requeridas por la ley, las cuales son de estricta observancia e insubsanables; «vinculante», tanto para el acusado o acusados como para las partes acusadoras, las cuales una vez formuladas, han de pasar tanto por la índole de la infracción como por la clase y extensión de la pena mutuamente aceptada e incluso para las Audiencias , salvo en los casos antes expresados; y, finalmente, «de doble garantía», pues se exige inexcusablemente anuencia de la defensa y subsiguiente ratificación del procesado o procesados -en la hipótesis contemplada en el artículo 655- o confesión de acusado o acusados y aceptación tanto de la pena como de la responsabilidad civil, más la consecutiva manifestación del defensor o defensores de no considerar necesaria la continuación del juicio – artículos 688 y ss. Ley de Enjuiciamiento Criminal-.»

   Esto es, que se podría abrir la posibilidad de recurrir en nulidad de actuaciones muchas sentencias de conformidad, por cuanto no se están cumpliendo los requisitos y formalidades legales en los Juzgados de Violencia sobre la mujer, que tienen todo esto tan automatizado, que olvidan que hay que cumplir la ley

   Así, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Nº 339/2005, de 21 de marzo reconoce también, la posibilidad de revisión de las sentencias conformidad, ya que «la conformidad expresada en el proceso no debe ser equivalente a la prueba de los hechos mediante confesión, dado que no se basa en un expreso reconocimiento de la autoría, sino en la presión que ejercía en el caso concreto sobre la Defensa y el acusado el riesgo de ser sometido a una pena mayor ante la situación de imposibilidad de conseguir otras pruebas -que como se vió existían- y, en el caso de que no se le creyera su versión de los hechos -que como se vio era real-, no tuviera ningún otro elemento para contradecir la acusación.

   Por otra parte, entendemos que un nuevo informe proveniente de la Dirección General de la Policía conteniendo una aclaración decisiva sobre los hechos, proveniente de sus propios archivos a los que el acusado no tenía acceso y que, además, desmiente la versión anterior que sirvió de único apoyo de la acusación, cumple con las exigencias formales del artículo 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

   También es importante recordar la STS de 21 de marzo de 2012, que trata sobre la circunstancia de que la regla general de inadmisibilidad del recurso de casación, frente a las sentencias dictadas de conformidad, está condicionada a una doble exigencia:

   1º.- Que se hayan respetado los requisitos formales, materiales y subjetivos legalmente necesarios para la validez de la sentencia de conformidad y

   2º.- Que se hayan respetado en la sentencia los términos del acuerdo entre las partes.

   Así, por ejemplo, sería admisible un recurso interpuesto frente a una sentencia de conformidad, cuando se alegue que se ha dictado en un supuesto no admitido por la ley en razón de la pena, cuando se alegue que no se han respetado las exigencias procesales establecidas (por ejemplo la «doble garantía» o inexcusable anuencia tanto del acusado como de su letrado), cuando se alegue un vicio de consentimiento (error, por ejemplo) que haga ineficaz la conformidad (STS 23 de octubre de 1975), o, en fin, cuando, excepcionalmente, la pena impuesta no sea legalmente procedente conforme a la calificación de los hechos, sino otra inferior, vulnerándose el principio de legalidad (STS 17 de abril de 1993).

   No serían admisible un recurso interpuesto contra sentencias que no respeten los términos de la conformidad de las partes , bien en el relato fáctico, bien en la calificación jurídica o bien en la penalidad impuesta , debiendo recordarse que la admisibilidad del recurso no determina la decisión que en su momento haya de adoptarse sobre su estimación, pues el Tribunal sentenciador, por ejemplo, no pierde sus facultades de individualizar la pena en cuantía inferior a la solicitada (SSTS 4 de diciembre 1990 , 17 de junio y 30 de septiembre de 1991 , 17 de julio de 1992 , 11 , 23 y 24 de marzo de 1993), teniendo como límite en cuanto a la penalidad no poder imponer pena más grave que la pedida y conformada (STS 27/4/1999).

   En todo caso, creo que todos deberíamos recordar más a menudo el artículo 787 de la LECRIM.

   Por ello, creo que, en muchos casos actuales de sentencias de conformidad en los Juzgados de violencia sobre la mujer, existe una gran posibilidad de acudir a una demanda de revisión ante el Tribunal Supremo.

   Aunque, siempre tendremos que estudiar previamente cada caso concreto, para valorar las posibilidades de éxito de dicha demanda y así obtener la anulación de la condena aceptada de forma irregular.

   En esta noticia se habla de:

   José Luis Sariego Morillo
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