IAM/Redacción El responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, ha confirmado que en marzo se abonaron facturas por un importe de 1,5 millones de euros –por servicios prestados hace más de tres años- que el anterior gobierno provincial dejó sin conformar. El Pleno de febrero autorizó esta transferencia. (Foto rueda de prensa).
El citado importe se contabilizó en septiembre de 2017 y alteró los Periodos Medios de Pagoque, hasta entonces, Diputación resolvía por debajo del límite legal; según ha precisado Solís en enero de 2017 este índice era de 29 días, el mismo promedio que en febrero (29 días), en marzo se mejoró alcanzando los 16 días, en abril 23 días… “pero todo se distorsionó en septiembre, aunque desde el primer momento advertimos que se trataba de un problema puntual”, que no amenaza la estabilidad y solvencia económica de la Diputación de Cádiz.Esta explicación se aporta tras la difusión de los datos de los Periodos Medios de Pago por parte delMinisterio de Hacienda, a través de una información en la que se destaca la morosidad de la Diputación gaditana y 13 Ayuntamientos, igualando los incumplimientos de estas entidades locales además de atribuirles una delicada situación financiera. Jesús Solís ha reprochado los datos sesgados que se han empleado así como la “reiterada deslealtad” del Ministerio. El diputado de Servicios Económicos lamenta que con esta actitud “hacen daño a la institución y a la provincia de Cádiz, además de provocar preocupación a los proveedores”.Jesús Solís se desplazó hace tres semanas a Madrid para comunicar el pago de la deuda generada en enero de 2015 y advertir que, una vez saldada, se apreciará una sensible reducción del periodo medio de pago de la Diputación de Cádiz. Hace dos días se recibió en el registro de entrada de Diputación una carta del Ministerio de Hacienda –la misma misiva que se ha difundido públicamente- en la que se insta a informar al órgano que tiene atribuida la tutela financiera, en este caso la Junta de Andalucía, para la adopción de medidas que conduzcan al cumplimiento del plazo legal. En la información divulgada se indica la posibilidad de que el Ministerio pueda retener los importes de la Participación en los Ingresos del Estado que corresponden a Diputación, para que sea el organismo estatal quien pague directamente a los proveedores. “Una medida innecesaria porque los proveedores están cobrando con normalidad”, según aclara Solís.El periodo medio de pago referido por Hacienda es de 125 días, “si bien va a bajar drásticamente cuando se contabilicen las facturas pagadas en marzo”, recuperando el nivel del primer semestre de 2017. El promedio es “fruto de una distorsión, al incluirse facturas que se emitieron hace más de tres años. De hecho, al margen de ese problema puntual, los proveedores están cobrando dentro del plazo legal”.Solís indica los datos erróneos que se han publicado en relación a la capacidad económica de Diputación: “No es cierto que haya incumplimientos sistemáticos y prolongados en el tiempo. De hecho hasta septiembre de 2017 hemos cumplido con creces con el periodo medio de pago a proveedores. Tampoco se ha adoptado un plan de ajuste, ni se va a hacer porque no es necesario. Estamos 50 puntos por debajo del límite legal de endeudamiento (se sitúa en el 60 por ciento, sensiblemente mejor que el 100% de junio de 2015); con un superávit de 30 millones de euros y un remanente de tesorería positivo de 20 millones. Además, imputamos al plan de tesorería el total de la deuda de proveedores de cada mes, y que se sitúa en el orden de unos 6 millones de euros”.
