El PSOE anuncia apoyo a una ofensiva parlamentaria sobre las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones

IAM/Redacción La parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y el diputado en el Congreso, Salvador de la Encina, han anunciado hoy tras un encuentro con representantes sindicales en Algeciras, el apoyo a una ofensiva parlamentaria para trasladar a las instituciones el apoyo a los funcionarios de prisiones, tras años de recorte que han dejado al sector en una situación muy precaria.

 

Así, en la reunión mantenida esta mañana con los delegados sindicales del Centro penitenciario de Algeciras, Dolores Ríos, José Luis Alcaraz, Juan Manuel Chaves y Arturo Iglesias, se han abordado las condiciones en que desarrolla su trabajo el Cuerpo de Instituciones Penitenciarias y han dado traslado de un documento con las principales demandas.En primer lugar, solicitan una revisión de categorías en los centros penitenciarios, al tiempo que denuncian la saturación de internos en centros como Botafuego, que actualmente alberga a más 1.300 reclusos cuando está preparada para solo 1.008. A esta situación, se suma la falta de personal con un déficit de 59 funcionarios, según la RPT.Con respecto al personal sanitario, se encuentra en este momento cubierto tan solo por 4 facultativos para cubrir las 24 horas, cuando en la RPT figuran 11.Por todo ello, todos se han mostrado partidarios de pedir la dimisión del responsable en el ministerio, el secretario general Angel Yuste, “por su indolencia ante una situación a todas luces insostenible”.Según trasladan los representantes sindicales, “Yuste no tiene la deferencia ni de escuchar a los sindicatos”, una situación que el PSOE trasladará de inmediato a la cámara Baja para que el ministro Zoido sea consciente del problema y tome medidas al respecto.Entre sus demandas, también figura que solicitan ser Agentes de la autoridad, “algo que no debería de ser siquiera cuestionada y cuyo reconocimiento debería de empezar desde arriba”.Los responsables del PSOE entienden que las reclamaciones del sector son justas, comparten la preocupación por el estado de los centros y se han comprometido a elevar iniciativas para pedir explicaciones al Gobierno.

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