Para Morillo, el centro no reúne las mínimas condiciones de salubridad, higiene, habitabilidad ni seguridad y tampoco “existe siquiera en él un servicio de asistencia social”, critica.
Con capacidad para 190 internos, una cifra que “se supera de forma habitual, sobre todo en verano, cuando la afluencia a la zona de pateras es mucho mayor” y época en la que al mismo tiempo, paradójicamente, comienzan las vacaciones de los policías encargados de custodiar a los “sin papeles”. La denuncia tiene ya alcance nacional y ha sido difundida ahora por el diario La Razón.
El sindicato conoce que la Fiscalía de Extranjería ha instado en su memoria anual al cierre o la remodelación profunda de los dos centros andaluces y lamenta que en Algeciras la intensidad del cambio real que se está ejecutando sea “un lavado de cara”.
La respuesta a la petición de un centro nuevo ha sido “la instalación de luces en huecos de las paredes en los dormitorios, muros de hormigón en los baños para preservar la intimidad de sus moradores y el desmontaje de algunas de las rejas de interior para evitar el aspecto carcelario”, ha explicado Morillo. Modificaciones que responsables políticos y policiales han aseverado que “implican un coste de 100.000 euros” pero que, según informó al SUP el Consejo de Policía, se han visto reducidos a “57.300 euros, IVA incluido”. Un desembolso “insuficiente” para la organización sindical que no permite, entre otras cuestiones, “la mejora de las zonas que corresponden a los policías, que trabajan en penosas condiciones”. Fuentes del PSOE local admiten que, a pesar de que existe “voluntad”, en la actualidad “no hay alternativas sobre el lugar adecuado” para levantar una nueva edificación, por lo que se decidió realizar obras de mejora.
