Ante la situación, los asesores jurídicos propusieron una actuación mediante decreto de alcaldía para la retirada del cerramiento y las casetas. Dicho decreto se firmó el pasado 11 de diciembre, llevándose ahora a cabo la ejecución material.
A la vista de los informes técnicos y jurídicos, en el documento se considera que se han realizado “actos manifiestos de despojo del demanial municipal”; y se califica la actitud del autor de los hechos como “pertinaz de seguir cometiendo actos que atentan contra el patrimonio municipal”. Por ello se dispone, en primer lugar y con carácter de urgencia, la incoación de un expediente de recuperación de oficio de la parcela; y con el fin de proteger el patrimonio público municipal, la adopción como medida cautelar de la retirada “inmediata y total del vallado perimetral, casetas de chapa y de cuantos elementos hagan visible el acto de despojo cometido”, así como de los nuevos elementos que pudieran introducirse en la parcela.Asimismo se dispone en el decreto dar cuenta al Ministerio Fiscal para que depure las responsabilidades penales en las que el autor de los hechos hubiera podido incurrir.Gabriel Orihuela ha declarado al respecto que “desaconseja de manera absolutamente sincera esa forma pertinaz de actuar contra el suelo de dominio público”, y ha reiterado que la intención del equipo de gobierno “no es ir más allá de las actuaciones necesarias e imprescindibles para recuperar el suelo público y cumplir con nuestra obligación administrativa y política. No obstante, la contumacia en los hechos, puede obligarnos a ser más contundentes y a llevar a cabo acciones legales que no deseamos”.
