IAM/Redacción “La experiencia del Ayuntamiento de Algeciras con la externalización de la gestión de servicios viene a demostrar que este es un modelo de gestión caduco, que ignora los intereses generales y los de sus usuarios, y que a la larga cuesta caro a las arcas municipales” con estas palabras valoraba el portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, la situación creada tras la última sentencia recaída en el proceso de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad. (Foto José Luis Alcántara).
En este sentido, el portavoz de la federación de izquierdas ha insistido en la necesidad de acometer la gestión directa del mismo y proceder a un proceso de municipalización que permita reinvertir el ahorro de costes en la mejora de la calidad de servicio. Alcántara ha insistido en lamentar que nuevamente un proceso de adjudicación y de gestión de un servicio público en manos de empresas privadas vuelva a meter al consistorio algecireño en una negra crónica de tribunales en la que, a su criterio, siempre pierde el interés general de la ciudadanía y el de los trabajadores que lo prestan.“Resulta bochornoso que tanto el PP como el PSOE, en un triste espectáculo, se muestren como paladines de las empresas en litigio y trasladen al ámbito político los intereses particulares de dos concesionarias, que en su tiempo de gestión del servicio de ayuda a domicilio no se han distinguido precisamente por su calidad en la gestión” sostenía el portavoz de IU.Desde Izquierda Unida consideran que un servicio público de la importancia del de ayuda a domicilio que afecta a la parte más vulnerable de la ciudadanía no debe convertirse en el negocio de empresas privadas, por lo que consideran que este debe ser prestado de manera directa por el consistorio y reinvertido en la mejora de la calidad del mismo el beneficio empresarial que las concesionarias han venido sacando del mismo.Por último, Alcántara ha vuelto a lamentar que se sucedan los varapalos judiciales a la gestión municipal y que estos no tengan aparejados ningún tipo de asunción de responsabilidades por parte de los que ejecutan la toma de decisiones que lesionan el interés público.
