Son las ocho horas. Es el momento del relevo de las guardias de servicio y del recuento de la población reclusa por parte de los trabajadores penitenciarios. Al llegar a la celda ocupada por E.P.C se observa cómo permanece inmóvil y no responde a la llamada. Inmediatamente se da aviso a los servicios médicos y al Jefe de Servicios, los cuales se presentan de inmediato sin poder hacer nada por su recuperación, explica Acaip-UGT en una nota de prensa.
Esta vez se trata de una interna de 38 años de edad con problemas de toxicomanías, con una amplia trayectoria delictiva y con antecedentes por robo y atentado a la autoridad. Su primera entrada en prisión había sido en el año 2004 habiendo ingresado esta vez en mayo de 2019 para cumplir una pena privativa de libertad de 3 años y medio, según explica el sindicato.
A petición de Acaip-UGT de Botafuegos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ordenó la suspensión temporal de las comunicaciones especiales durante un periodo de tres semanas a contar desde el pasado lunes 7 de septiembre, pero se mantiene el disfrute de los permisos de salida de internos, siendo éste el único punto de entrada de objetos prohibidos y sustancias tóxicas. Por ejemplo: Unos días atrás se le
intervino a un interno, que regresaba de permiso, 5 teléfonos móviles y una bellota de hachís que portaba en el interior de su cuerpo.
Desde Acaip-UGT, ‘seguiremos insistiendo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias porque cumpla con las prisiones españolas y con el colectivo de trabajadores penitenciarios, cumpliendo la relación de puestos de trabajo, donde faltan psicólogos, médicos, psiquiatras, juristas, personal de vigilancia y de oficinas… con la única finalidad de velar por la integridad física y la salud, tanto de los trabajadores penitenciarios como de internos. Porque es su obligación y así está recogido en la legislación penitenciaria española’.
