Chamizo, que ha presentado este martes a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, el documento ‘Ordenación del Territorio y Urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz’, considera que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan “cuál es el modelo de ordenación del litoral” que se va ofrecer a las generaciones futuras. Según lamentó el Defensor, a pesar de la “desaceleración” del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de “tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado”. No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior “donde el 90 por ciento del territorio es aún recuperable”.“20 años después de la entrada en vihgord e la Leu d Costras todavía queda… “
Asimismo, recordó que, 20 años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, “todavía queda por aprobar el deslinde definitivo de, aproximadamente, el 15 o 20 por ciento de nuestro litoral”, por lo que instó a las administraciones a “impulsar” el mismo y adoptar “cuantas medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado”, contemplando las compensaciones necesarias. Igualmente, destacó como otra de las cuestiones “más urgentes” en esta materia desveladas a partir del citado informe, es la “ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa”, advirtiendo de que la institución ha podido comprobar “cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadoras que luego no concluyen o no ejecutan sus resoluciones”.Reforma urgente del Código PenalPor otro lado, incidió en la “necesidad” de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir “más eficazmente” estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se ha “evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio”. En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de las que en Andalucía existen al menos un millar, según Chamizo, éste ha reprochado que, pese a ser un problema de “extraordinaria entidad”, “muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario”.
