Los funcionarios de prisiones ya no pueden más. Además de las carencias que hay en la plantilla, en la cárcel de Botafuegos hay masificación de internos, han de hacer frente a agresiones y, por si fuera poco, hablan de «falta de protección jurídica» por parte del Ministerio del Interior al «no reconocer la condición de Agente de la Autoridad», lo que ha llevado a los representantes de los trabajadores a trasladarse a Cuenca para participar en una movilización con motivo de la reunión anual de directores de los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Desde el sindicato Acaip alertan de los «compromisos incumplidos» que han venido padeciendo a lo largo de los últimos años, concretamente desde el 2017, y recuerdan que aún están a la espera de alcanzar un acuerdo sobre mejoras que, a su juicio, son necesarias.
Los responsables sindicales aseguran que en estos momentos las negociaciones están paralizadas y siguen pendientes de que se dé un impulso a la futura Ley de Función Pública Penitenciaria. «Hablamos de acuerdos caducados y sin renovar desde hace años entre la Secretaría General de prisiones con la Comunidad de Andalucía para atender a los presos drogodependientes, la falta de facultativos y personal sanitario, así como la ausencia de psiquiatras y de psicólogos clínicos, entre otros», dicen.
Desde Acaip recuerdan los duros momentos vividos durante la pandemia y el compromiso que han demostrado los trabajadores por lo que «es de justicia que se reconozca las reivindicaciones históricas del colectivo, como la condición de agentes de la autoridad, la formación universal, la cobertura de todas las plazas vacantes y la adecuación retributiva a las funciones que se realizan con la adscripción al grupo B del TREBP y la reclasificación de los centros penitenciarios, que suponga el fin de las diferencias salariales de los trabajadores en función del centro donde se preste servicio»
