Según ha informado este sábado el instituto armado, en la operación Perla, además de los 89 detenidos en las provincias de Cádiz y Málaga y en la ciudad de Ceuta, están siendo investigadas otras 39 personas por los supuestos delitos de narcotráfico, pertenencia a organización criminal, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, contrabando, robo y hurto de uso de vehículo a motor, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
Durante la investigación los agentes comprobaron que la red introducía los migrantes y el hachís en embarcaciones semirrígidas muy rápidas que solo contaban con medidas de seguridad para la tripulación, con asientos con barras y cinturones de seguridad para evitar lesiones.
Los migrantes iban sentados en el suelo sin chalecos salvavidas ni otras medidas de seguridad, como barras para el agarre o luces, por lo que, según la Guardia Civil, la red ponía en riesgo la vida de estas personas, teniendo en cuenta la velocidad de las embarcaciones y que estas organizaciones aprovechaban los temporales para efectuar sus actividades ilícitas.
Estos transportes partían a veces a plena luz del día desde Ceuta y llegaban también a las costas de Andalucía con luz diurna por lo que causaban cierta alerta social en la población, que se incrementaba con los vídeos que subía a internet uno de los integrantes del grupo, que presumía de salir impune de su actividad ilícita.
Los migrantes pagaban unos 5.000 euros por billete y cuando llegaban a la Península eran recogidos en automóviles, con el fin de asegurarse que sus familiares pagaban el dinero convenido previamante con la organización.
En las costas de Cádiz y Málaga contaban con los conocidos como puntos, personas que se encargan de advertir de la presencia de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes de alijar.
Además, disponían de un sofisticado sistema de radares desplegados en la Costa del Sol, ubicados en pisos altos de bloques de apartamentos, para controlar el tránsito de las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Durante la investigación, la Guardia Civil tuvo constancia de que en 11 entradas de migrantes habrían llegado a las costas andaluzas 269 personas y 10.700 kilos de hachís.
En los diferentes registros realizados fueron aprehendidos más de 10 toneladas de hachís, 26 embarcaciones, 29 vehículos -tres de ellos sustraídos previamente-, así como 250.000 euros en efectivo, 12 armas de fuego -cuatro cortas y ocho simuladas-, 2.300 litros de combustible, y material de telecomunicaciones y vigilancia como inhibidores, teléfonos satelitales o radares.