En declaraciones a Radio Nacional, Muñoz aseguró que el fallo del tribunal europeo “significa muchísimo” no sólo para ella sino para el conjunto de la comunidad gitana, pues “mucha gente se queda a mitad de camino”. “Queda claro que quienes me denegaron el derecho a la prestación no tenían razón y que lo que yo pedía estaba dentro de la Ley”, afirmó.Satisfacción en el colectivo gitano Para el director de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Isidro Rodríguez, la resolución “supone un toque de atención al Tribunal Constitucional que no quiso apreciar discriminación ni tuvo en cuenta las circunstancias en las que se constituyó el matrimonio”. “Es importante que las administraciones tengan en cuenta que la vulnerabilidad de las minorías étnicas en sus decisiones judiciales”. Rodríguez dijo que la sentencia hace justicia con ella y con toda la comunidad, “porque trasmite la idea que todos los valores, la tradición y la historia de siglos de un colectivo no se puede despachar”. “Desde que en la fundación tuvimos constancia del caso le dimos nuestro apoyo y respaldo legal e impulsamos los recursos contra el Constitucional y Estrasburgo”.Tenía libro de familia y cobertura sanitariaAsimismo, recordó que la pareja tenía libro de familia y recibía cobertura sanitaria, mientras que después le niegan el cobro de la ayuda. “Su marido contribuyó a la Seguridad Social durante 19 años. Está claro que si no se reconoce nuestra igualdad de derechos difícilmente se nos pueden exigir los mismos deberes”, denunció.En un plazote tres meses el Estado la indemnice con 70.000 eurosFinalmente, criticó que, aunque en la actualidad la mayor parte de los matrimonios gitanos se casan civilmente después, hay casos similares al de ‘la Nena’ pero no salen a la luz “porque asumen y callan”. “Para la comunidad no es fácil defender sus derechos, ya que han permanecido durante años sufriendo una discriminación institucionalizada desde los poderes públicos”. Coel fallo judicial, la corte europea establece un plazo de tres meses para que el Estado indemnice a la mujer con 70.000 euros en compensación por los perjuicios generados a causa de la “discriminación” a la que fue sometida y anuncia que sentará jurisprudencia.