Cisneros afirma que las pesquisas “permiten afirmar la existencia de indicios suficientes de la comisión de una infracción penal”. La documentación aportada en la denuncia –legajos de aborto, partes de defunción, historiales clínicos…– está llena de irregularidades. “Uno de los indicios más claros es la firma de testigos comunes en tantos fallecimientos de bebés”, explica el fiscal.
Eran empleados de la principal funeraria de la ciudad que actuaban como conocidos de las parturientas. “Sorprende la impunidad con la que la trama ha actuado”, afirma Cisneros, quien descarta la existencia de una trama institucional y acota su organización al ámbito sanitario.
En su denuncia, el fiscal incluye los casos de 25 familias a las que les dijeron en las clínicas que los recién nacidos habían muerto y los de tres personas adoptadas irregularmente por personal sanitario.
