El edil alegó que al haberse aprobado el proyecto del parking con anterioridad el Ayuntamiento no podía actuar contra sus propios actos administrativos, por lo que debía conceder los permisos pese a que el TSJA había declarado ilegal el edificio.
“Cómo que el Consistorio no puede ir contra sus actos administrativos. A mí me concedieron la licencia para el Club Hípico Botafuegos y se aprobó el anteproyecto en 2002, y luego el Pleno anuló la licencia en 2007. Está claro que existen dos varas de medir”, manifestó Galán.
El empresario recordó que la Policía precintó las pistas de pádel y la piscina del Club Botafuegos. Asimismo, permanece con el restaurante cerrado tras anularse la licencia por la que, dijo, pagó 38.000 euros. Esta situación le obligó a despedir a 32 trabajadores. “Sólo se mantiene la actividad de las cuadras porque dispongo de autorización de la Junta, por lo que el Ayuntamiento no tiene potestad para cerrarlas”, apuntó.
Galán censuró por ello que se concediera la licencia al parking Escalinata para hacer las oficinas pese a la sentencia del TSJA. “No hacen caso a los tribunales, ni han precintado las oficinas como hicieron con mis instalaciones”, manifestó el empresario.
Sánchez Rull, ante tales acusaciones, indicó que estos casos son distintos según la Ley de Procedimiento. El edil matizó que la licencia al Club la concedió por decreto de Alcaldía Patricio González y que, si bien contaba con el informe técnico, carecía de otros dos como son el jurídico y el del secretario general. El titular de Urbanismo añadió que se abrió un expediente para revisar la licencia y que tanto el Ayuntamiento como el Consejo Consultivo andaluz resolvieron anular la licencia.