Los problemas a los que se enfrentan los municipios son de suficiente entidad como para que sus gobiernos se decidan en virtud de los programas de los partidos y no por adhesión genérica a unas posturas o a un candidato, pero lo tienen que resolver antes del sábado 15 de junio, fecha de la toma de posesión de los Ayuntamientos.
Los efectos de la crisis económica se dejaron sentir especialmente en las Administraciones territoriales, y de manera particular en los Ayuntamientos. El hecho de que estos hayan sido los organismos que con mayor celeridad han contenido el déficit (esto no ocurre en el de Algeciras y en general en los del Campo de Gibraltar), pese a que su financiación quedó tradicionalmente postergada frente a las necesidades de los gobiernos autonómicos y central, no puede hacernos olvidar su importancia en la prestación de servicios al ciudadano y en el funcionamiento del sistema político del Estado.
Gran parte del progreso experimentado durante las últimas décadas ha tenido su expresión más inmediata en los pueblos y ciudades, singularmente en la prestación de servicios a los ciudadanos, como he dicho. Aunque también la burbuja inmobiliaria tuvo su epicentro en los municipios, tanto en el momento de la actividad económica desorbitada como en el de su abrupto final. Por eso debemos perseverar en el doble objetivo de que los Ayuntamientos sigan consolidándose como el primer escalón en la prestación de servicios y de que dispongan de una financiación estable y suficiente (art.142 de la CE).
No puedo olvidar como concejal algecireño (1979-1983), que fueron aquellos primeros ayuntamientos democráticos de Andalucía, los que muy poco después de constituirse, plantearon el proceso de iniciativa autonómica a través del artículo 151 de la Constitución que culminó en el referéndum del 28 de febrero del siguiente año. Mientras los partidos políticos y la Junta preautonómica vacilaban con la eterna justificación de que “aún no había suficientes condiciones objetivas”. Pero la mayoría de los municipios pensaba en la autonomía como un instrumento eficaz para la transformación de Andalucía (aunque luego no fuera ni lo uno ni lo otro, sino la base del rápido desencanto político cuyas consecuencias continúan hoy). Pero eso es otra historia.
Hoy, algunos tenemos la convicción de que en este planteamiento municipalista y de construcción “de abajo arriba”, y no a la inversa, es donde está la única base posible para avanzar hacia una Andalucía libre de la dependencia económica, superadora de la subordinación política y con una reactivada y creativa identidad cultural. De una Andalucía construida por sí, desde los municipios y de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la gran mayoría de los andaluces/zas. Y en fraterna solidaridad con todos los pueblos de España.
Pero eso solo será posible cuando no creamos que la acción municipalista se manifiesta solamente actuando en (y respecto a) los ayuntamientos. La presencia y acción dentro de estos no debería ser sino una de las vertientes del municipalismo y, para estar justificada, ser consecuencia de la acumulación de esfuerzos, voluntades y trabajo cotidiano en los movimientos sociales y las asociaciones y colectivos de la sociedad civil sobre los problemas y aspiraciones de los habitantes de cada pueblo y ciudad (y de cada barrio de las ciudades y pueblos).
Porque de no ser así, la labor en los ayuntamientos, como en otras instituciones políticas, esterilizaría la participación directa ciudadana y haría gastar unas energías que deberían aplicarse, sobre todo, a la creación de estructuras y experiencias transformadoras en lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Conviene aprender de lo sucedido en los años 80, cuando la obsesión por “estar en las instituciones” desembocó en el práctico desmantelamiento del movimiento vecinal y de otros movimientos sociales y culturales sin apenas resultados positivos apreciables. Mala experiencia, que viví, desgraciadamente, en primera persona en Algeciras. Nunca más.