La libertad expresión. Por Ángel Luis Jiménez.

La libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución Española. Nos permite expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio y conocer la realidad sin ningún tipo de censura. Este derecho solo puede existir en Estados democráticos. Pero la libertad de expresión también tiene sus víctimas. La última el escritor Salman Rushdie, apuñalado el viernes 12 de agosto por escribir en libertad.

El pasado domingo repusieron en televisión “Buenas noches y buena suerte”, la segunda película como director de George Clooney. Un contundente alegato en favor de la libertad de expresión, que trata sobre el enfrentamiento y desafío de Ed Murrow, periodista televisivo de la cadena CBS, contra el malévolo senador MCCarthy, el de la “caza de brujas”. Una obra que hace de la concisión un emblema estilístico que invita a la reflexión y al debate.

Sin embargo, actualmente en nuestro país no se reflexiona ni se debate sobre la libertad de expresión. Será porque no existe o solo existe en contados medios. Ahora lo que impera son las fake news (la desinformación) o la difusión de bulos y patrañas como solución a todo. Y es que cada vez que hay una polémica importante, miles de cuentas polarizan la opinión y obligan a cualquiera que deba manifestarse o posicionarse a favor o en contra, a hacerlo sin grises, ni matices, de forma inmediata, radical e inamovible. Nos hemos convertido en meros soldados de la desinformación.

Esta situación se hecho aún más evidente con la guerra de Ucrania. El pretendido veto a los medios rusos, los bulos que circulan por WhatsApp difundiendo imágenes correspondientes a otros conflictos armados o la suspensión de cuentas que suben determinadas imágenes demuestran varias cosas. La primera, que la guerra no es sólo física, sino que también se libra en el terreno de la información. La segunda, más grave, que hemos normalizado que una empresa extranjera con capital social privado decida qué se puede y qué no se puede transmitir. La tercera, que estamos encantados con la infantilización a la que voluntariamente nos sometemos.

No es sencillo lidiar con tamaña sarta de falsedades, algunas verdaderamente malintencionadas y bien construidas. Deberíamos pararnos a pensar si es buena idea que se regule a nivel europeo una carta de derechos digitales y una normativa específica por la que las grandes plataformas sociales asuman un mayor grado de responsabilidad en el contenido que albergan y difunden. Si bien intuitivamente pudiera ser buena idea que las redes sociales respondan de lo que en ellas se publica, esta decisión las convierte en verdaderas gestoras de nuestro derecho a la información y, sobre todo, de nuestra libertad de expresión.

La libertad de expresión no es solo decir cosas interesantes y veraces, sino que ahora también engloba hacer propaganda, mentir y decir idioteces. Sería un error asimilar la responsabilidad de los directores de los medios informativos con la de los administradores de redes sociales por razones obvias, ya que estas no son unos medios de comunicación con línea editorial, sino unos prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Formamos parte de la primera generación de humanos que se enfrenta al enorme cambio que ha supuesto la sociedad de la información. Tenemos un instrumento poderosísimo en nuestras manos sin que nos haya dado tiempo a desarrollar habilidades digitales ni competencias mediáticas. Con un nuevo lenguaje utilizamos los mismos códigos interpretativos que ya existían antes de su aparición, sin darnos cuenta de los desajustes que esto provoca y sin tener aún conciencia de la necesidad de aprender a vivir esta nueva forma de relacionarnos.

El problema está en considerarnos perfectamente preparados para las redes, sin un ápice de autocrítica ni de interés en evolucionar hacia una mayor conciencia de nuestra fragilidad. Nuestra pereza e indolencia ya ve con buenos ojos que un tercero decida qué mensajes deberían ser borrados por su potencial daño a la democracia. Sin embargo, no somos conscientes de que, una vez se atribuye a las plataformas la potestad de decidir retirar contenidos so pena de asumir una responsabilidad por su difusión, estamos convirtiendo a las redes sociales en entornos manipulados, artificiales y dirigidos, donde potencialmente pueda terminarse difundiendo solo información conveniente para los lobbies de poder de determinadas corporaciones.

Natalia Velilla Antolín, magistrada y autora de la obra “Así funciona la justicia, verdades y mentiras en la justicia española”, dice que incluso los propios tribunales se muestran permisivos ante el poder omnímodo que se está concediendo a las redes sociales. Ningún derecho fundamental -y la libertad de expresión lo es- debiera poder ser cercenado por una empresa. En su opinión, debería regularse un mecanismo de control de determinados contenidos por parte de autoridades administrativas u organismos de autorregulación cuyas decisiones fueran ágiles e inmediatas y siempre susceptibles de control por los tribunales.

Y los ciudadanos deberíamos asumir que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y adquirir la costumbre necesaria de contrastar la información que recibimos. Hay que espabilar: estamos en otra era a la que debemos adaptarnos sin esperar que sean otros los que nos saquen las castañas del fuego. Solo así conservaremos los derechos que tantos siglos hemos tardado en alcanzar.