Necesitamos ya, pero sin demora, un debate serio sobre la financiación autonómica para superar un sistema caduco, que lleva 10 años superado. Por eso, tiene poco sentido la apelación continua de Feijóo a boicotear el debate bilateral entre las autonomías y el Gobierno.
Esta semana en el primer debate de política general del Parlamento catalán se ha avalado la financiación singular, pactada para Catalunya en la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad, con los votos del PSC, ERC y los comunes. Junts votó en contra. El pleno rechazó el “concierto económico” planteado por los convergentes.
Así que, una vez abierta la discusión del sistema de financiación, sería irresponsable que las comunidades gobernadas por el PP se negaran a participar en todos los foros posibles de debate anteponiendo los intereses del partido a los de sus ciudadanos. Especialmente cuando todos los actores políticos y económicos reconocen las disfunciones que provoca a diario el sistema financiero actual.
Un partido de Estado como el PP no puede renunciar a proponer, contrarrestar o matizar sobre el modelo territorial, justo cuando cuenta con la mayoría de ese poder. No puede haber una España del PP y otra del PSOE. Pero si deberían asegurar que en la ley todos estén al nivel del que más recibe, que es Cantabria.
Los populares tienen todo el derecho a efectuar críticas y poner cautelas para evitar la legitimación prematura del contenido fiscal del acuerdo catalán, pero no deberían deslegitimar el diálogo y la posibilidad de pactos. Es obligación de los partidos que se consideran constitucionalistas favorecer esta deliberación, sobre todo, cuando ya se ha dicho que el documento no responde al modelo del concierto vasco, porque sin cupo no hay concierto.
España es muy plural y diversa, pero sola una, con instituciones obligadas a promover el encuentro y buscar acuerdos en los que todos cedan y todos ganen. No deja de ser paradójico que PSOE y PP, tan enfrentados en todo, coincidan en los principios generales sobre la solidaridad, la suficiencia financiera y la necesaria constitucionalidad del sistema.
Por no hablar de todas las singularidades que el propio PP también defendió en el pasado. Basta con acudir al programa del PP catalán en las elecciones de 2012 para comprobar que varias de sus propuestas son casi idénticas a las que ahora crítica y se opone.
No obstante, liderar el proceso, y hacer todo lo necesario para que sea incluyente y transversal, le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha abierto en estos días el debate en el Comité Federal de su partido y ha planteado “dar los pasos necesarios en la federalización del Estado”.
Sin embargo, no todo se resolverá con el dinero que aporte el Estado, porque casi todos los números están todavía por hacer. Porque si el Gobierno central quiere subir el nivel de la discusión técnica, tendrá que ir más allá de anunciar, que duplicará el fondo de compensación territorial: un raquítico 0,3% de la financiación de las comunidades, aunque ahora hay dinero para poder hacerlo mejor, gracias a los fondos europeos.
Buena muestra de la importancia y la complejidad de cualquier modificación del sistema de financiación autonómica, y mucho más de la organización territorial, es que entre los socios del PSOE hay más modelos que grupos parlamentarios, y no pocas tensiones internas.
Pero, ¿qué porcentaje de la recaudación total de los impuestos iría a parar al Estado, autonomías y ayuntamientos? En Alemania, por ejemplo, un Estado de estructura federal, en el que los “lander” recaudan todos los impuestos, se sabe que de la recaudación el 45% se destina a cada Estado federal (“lander”), el 45% al Estado Central y el 10% a financiar los municipios.
Sacar este asunto de la disputa de suma cero entre territorios es fundamental para el PSOE, que ha tomado la iniciativa, pero también para el PP, que tiene la obligación de ofrecer alternativas en lugar de limitarse a decir que no a todo. Se trata de una negociación larga que si se resuelve en poco tiempo, sería de una mala solución. Pero, eso sí, la política siempre por delante.
