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Y el Diccionario de uso de María Moliner dice que corromper es “quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o un empleado obren en cierto sentido que no es el debido”. O sea, comprar decisiones injustas para beneficio de quien paga.
Dice el Diccionario de uso de María Moliner que corromper es “quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o un empleado obren en cierto sentido que no es el debido”. O sea, comprar decisiones injustas para beneficio de quien paga. Y el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que corrupto es el “que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar”. Una palabra que últimamente ha alcanzado una lamentable consideración por describir uno de los problemas que más preocupa a los españoles junto con el paro.
Este país, que se desangra con más de seis millones de parados, se indigna cada día más por los continuos casos de corrupción. El paro y la corrupción se han convertido en los principales problemas de los españoles según la última encuesta realizada en el mes de abril por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El tercer lugar lo ocupan las dificultades económicas y el cuarto, la preocupación que existe por las actuaciones de corrupción, impunidad y cinismo de la clase política que minan toda su credibilidad, sobre todo cuando el Gobierno de Rajoy está realizando recortes tan abruptos y salvajes.
La opinión pública exige como solución a tanta corrupción una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y un funcionamiento de la justicia que no deje impune los casos de corrupción política. En ese marco ha llegado la iniciativa del Gobierno de desarrollar una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En un principio la medida fue presentada como un ejemplo reformista e incluso regeneracionista y una respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido como la del gobierno de la Comunidad Navarra y de algunas directivas europeas.
Pero esta ley tantas veces nombrada por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea por la desafección o la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía, se está demorando demasiado, porque el PP teme que se les vaya de las manos. Y sin embargo tenemos un montón de leyes diversas que persiguen la intriga y el pasteleo de los corruptos, pero no las ponemos en práctica. ¿Por qué? Dicen que una ley de transparencia es necesaria para que se cumplan las leyes que hay. Esto me hace pensar que o vivimos en un mundo de locos o nos estamos volviendo todos locos.
