Nada, pues, que justifique la agresión que se pretende llevar a cabo contra los fondos de la mar de Isidro con el proyecto de dragado en el que, según sus declaraciones, “se viene trabajando desde el año 2017”.
Lo que sí es cierto, y usted lo sabe pero no lo dice, es que los arrecifes sí serían un problema para la seguridad de la navegación a partir del momento en que se lleve a cabo la ampliación propuesta en el Plan Director de Infraestructuras (PDI) – que, contra toda razón, sin necesidad alguna, pretende rellenar 500.000 m2 hacia la Zona Protegida del Parque Natural y hacia los arrecifes de la Mar de Isidro, Hábitat de Interés Comunitario (HIC) – cuyo Estudio de Impacto Ambiental está siendo valorado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Transición Ecológica
Lo que también es cierto, pero usted no lo dice aunque lo sabe, es que incluir en el PDI cualquier actuación sobre los arrecifes podría haber supuesto un obstáculo para su aprobación. Y sabiendo lo que saben, no han incluido dragado alguno en el Estudio Ambiental Estratégico del PDI, iniciado en 2016.
Por ello, urgida por la responsabilidad de evitar riesgos futuros, invocando la necesidad de “rebajar las crestas de ese bajo [el de la mar de Isidro] … hasta una cota que sea segura, por indicaciones tanto de Seguridad Marítima como de los Prácticos”, la APBA presentó el proyecto de la intervención – al margen de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental – ante la Demarcación de Costas, como si demoler cerca de 20.000 m3 de arrecifes se tratase de un simple dragado de mantenimiento portuario.
Usted, que sabe lo que sabe, señor Landaluce, sabe también que la protección del medio marino es un compromiso global que exige transparencia en la gestión a los responsables de su uso y conservación y que concede a colectivos vecinales, grupos ecologistas y ciudadanos de a pie, el derecho a alegar.
En consecuencia, disponga que se realice el pertinente estudio de impacto ambiental del proyecto de dragado, remítalo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y sométalo a información pública. Todo ello para garantizar la sostenibilidad del crecimiento del Puerto que preside con respeto al medio ambiente, en beneficio de todos.
