Los romanos llegaron a una regulación, y en la Edad Media se alcanzó el mayor desarrollo legal de ese derecho de asilo, en las iglesias. El ejercicio de la autoridad política llegaba hasta la puerta de la iglesia.
En la actualidad, ya no existe ese derecho de asilo, y los delincuentes ya no se pueden refugiar en una iglesia, aunque sean creyentes. El último refugio que les queda es la atención en el hospital, hasta donde no llegan las actuaciones legales que hubiera contra el delincuente hospitalizado; la actuación de la justicia se ralentiza en la puerta del hospital. Aunque no la vigilancia del delincuente.
Hace pocos años, en febrero del 2018, entraron en el Servicio de Urgencias del Hospital de La Linea un puñado de encapuchados para sacar de allí a un cabecilla que había sido detenido por la policía tras una persecución. En ese momento ocurrió un cambio importante en el estatus del narcotráfico en el Campo de Gibraltar: Se había entrado en La Iglesia. Demostraba que el narcotráfico estaba dispuesto a todo.
Y paralelamente hubo una escalada muy importante y necesaria en la acción policial y judicial, hasta hoy, y continúa. La actuación policial y judicial, desde un punto de vista de manejo integral del problema del narcotráfico, equivale a una prevención secundaria y/o terciaria. Y aunque es necesaria, por ser imprescindible, no es suficiente. Y se ve en la violencia adaptada a cada momento como, por ejemplo, cuando intentan traspasar los impedimentos policiales que se les pone para pasar un alijo, embistiéndolos con los potentes y pesados vehículos robados, con grave quebranto físico en las personas que integran esas fuerzas. Ese uso de violencia adaptada a lo necesario, ha llegado ya a cualquier violencia, al uso del arma de fuego. La integridad física de las personas que forman parte de las fuerzas del orden que participan en las operaciones contra el narcotráfico está ya en el máximo riesgo, y no es teórico.
A ver cuándo nos damos cuenta de una vez de que el narcotráfico tiene una base social insoslayable, sobre la que hay una actuación pública poco eficaz, sin efecto de prevención primaria. La falta de desarrollo socioeconómico y cultural de la comarca es muy importante, y la dependencia económica del Peñón también tiene mucha responsabilidad.
No se puede pensar que solo con prevención secundaria y terciaria, es decir cuando ocurre o ya ha ocurrido el delito, se puede solucionar el problema del narcotráfico. Ni policías ni jueces tienen los aliados sociales que necesitan; están solos. No se puede aceptar que tener controlado, contenido, al narcotráfico sea la solución; no se puede considerar que sea una flora saprófita, porque pague IVA por el consumo que genera. Hay que erradicarlo con todos los recursos del estado de bienestar de un país avanzado como el nuestro.
